En el marco del 29º Congreso Federal de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT
(UGT FICA), celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, la vicepresidenta segunda
del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado su firme
compromiso para modificar la Ley de Desindexación.

Durante su intervención Díaz ha destacado cómo esta normativa, que procede de una situación
económica negativa muy distinta a la actual, perjudica tanto a la calidad de los servicios públicos
como a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que los prestan.
“La Ley de Desindexación perjudica a los servicios de dependencia, los cuidados, la limpieza, los
servicios deportivos y otros servicios públicos fundamentales que se prestan hoy en España. Esta
ley ha hecho recaer sus efectos en los trabajadores y trabajadoras, especialmente los más
vulnerables, y en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos”, ha declarado Díaz, que
ha añadido: “Voy a seguir defendiendo públicamente esto y a cumplir con mi compromiso como
ministra de Trabajo: hay que cambiar esta ley”.

El impacto en los servicios esenciales

La Ley de Desindexación y su incorporación a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017 han
generado un marco en el que las empresas concesionarias de servicios esenciales no pueden
revisar los precios de sus contratos, incluso en contextos de incremento de costes derivados de
materias primas, energía o cambios legislativos como el aumento del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI). Esto ha llevado a un estrangulamiento financiero que afecta tanto a las
empresas como a las condiciones laborales de más de 1,2 millones de personas trabajadoras.
En este sentido, Díaz ha subrayado la importancia de garantizar un entorno regulatorio que
permita una mayor sostenibilidad para las empresas y una mejora en las condiciones laborales.
“Es momento de cooperar y garantizar que los procesos de licitación pública prioricen la calidad
y las condiciones dignas sobre el precio.”

Compromiso con la reforma

Díaz se ha comprometido a trabajar desde el grupo parlamentario de Sumar, que ella lidera, para
lograr la modificación de esta ley: “Creo que hay que cambiar esta ley porque, si subimos el SMI,
obviamente esto debe ser compensado en los procesos de licitación pública”, ha reiterado.
Adicionalmente, la ministra ha recordado que el sector de los servicios esenciales es clave para
el correcto funcionamiento del sistema productivo y la calidad de vida de los ciudadanos. “Este
sector no solo es fundamental para la economía, sino que también refleja los valores de nuestra
sociedad. Necesitamos garantizar su sostenibilidad y la dignidad de quienes trabajan en él.”

Un esfuerzo conjunto

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de sindicatos como UGT y CCOO, así como de un gran número
de asociaciones y confederaciones empresariales agrupadas en AlianzAS, quienes han señalado
en reiteradas ocasiones la urgencia de esta modificación normativa para garantizar un sistema
más justo y sostenible. En reuniones recientes, los actores sociales han puesto de manifiesto que
la falta de revisión de precios en contratos públicos perpetúa un modelo de precariedad laboral
y afecta negativamente la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía.