María Rosa Rubio Ramos, Fiscal Delegada de Civil y de
Discapacidad y Mayores en las Islas Canarias, y Josep Moya
Ollé, psiquiatra y psicoanalista, han estado hoy en los
viernes formativos de la FGE para analizar del papel de la Fiscalía en
la prevención y detección de desasistencia y abusos a personas mayores.
En España hay actualmente unos 10 millones de personas mayores de 65
años, de las cuales 3 millones son dependientes y más de medio millón
sufren demencia moderada o grave. En 2050, se prevé que haya más de 15
millones de mayores, 8 millones de personas dependientes y cerca de un
millón con demencia. Ante este aumento de situaciones de
vulnerabilidad, la Ley 8/2021 ha situado al Ministerio Fiscal en una
posición central en la prevención y detección del maltrato, abuso o
desatención a personas mayores, en coordinación con los servicios
sociales, de salud, centros residenciales y otras administraciones.
Se trata de una red compleja en la que intervienen instituciones
públicas, prestadores de servicios esenciales —también del sector
privado, como bancos o suministradores— y el propio entorno familiar y
comunitario de la persona mayor. Todos ellos tienen como referencia al
Ministerio Fiscal, única autoridad designada por ley para recibir
comunicaciones sobre situaciones de abuso, desatención o necesidad de
apoyo no cubierto, ya sea en el ejercicio profesional o en la vida cotidiana.
La posición central del Ministerio Fiscal en esta red heterogénea de
actores con distintos marcos jurídicos exige un liderazgo activo que
garantice la coordinación y la adecuada canalización de cada caso
hacia la vía judicial, cuando proceda. Esta responsabilidad se
acrecienta en el caso de personas mayores sin entorno cercano, para
quienes la Fiscalía se convierte en el último recurso institucional
capaz de velar por sus derechos cuando las demás vías se agotan sin el
respaldo de una resolución judicial.
María Rosa Rubio Ramos es Fiscal Delegada de
la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con
Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias y Fiscal Decana de
la Sección de lo Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con
Discapacidad de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, lugar donde
también ejerció la delegación en materia de Violencia sobre la Mujer.
Ha sido vocal y consejera del Consejo Fiscal. Desempeñó el cargo de
Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia del
Gobierno de Canarias. En materia de formación, destaca la dirección de
la Escuela de Otoño del Ministerio Fiscal y su labor docente en la
Academia Canaria de Seguridad y en el Máster de Mediación Familiar de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Josep Moya Ollé es licenciado en Medicina por
la Universidad de Barcelona, donde también se especializó en
Psiquiatría y obtuvo el doctorado en Medicina y Cirugía. Es
psicoanalista, miembro docente del Foro Psicoanalítico Barcelona y del
Foro Psicoanalítico Mare Nostrum.
Actualmente trabaja como psiquiatra y psicoanalista en el equipo
CIPAIS (Centro de Investigación y Práctica Analítica
Interdisciplinaria en Salud) de Barcelona y es psiquiatra asesor del
SEAP (Servicio Especializado de Atención a las Personas Mayores), que
interviene en casos de malos tratos a personas mayores y aquellas con
algún tipo de discapacidad.
Es miembro de la Real Academia Europea de Doctores y autor de varias
publicaciones sobre salud mental pública y clínica psicoanalítica,
tanto en solitario como en colaboración.