Raquel Blázquez Martín, magistrada de la Audiencia Provincial Civil
(Secc.4) de Asturias, ha protagonizado el ‘Viernes Formativo de la
FGE’ con la ponencia “La Ley Orgánica 1/2025 y la particular
incidencia de los medios adecuados de solución de controversias (MASC)
en los procesos civiles en los que interviene el Ministerio
Fiscal”.
Con la inminente entrada en vigor de las reformas
procesales introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero,
sobre medidas para la eficiencia del Servicio Público de Justicia, se
abrirá un escenario inédito en la jurisdicción civil. A partir del 3
de abril, la admisión de cualquier demanda quedará supeditada, como
norma general y con contadas excepciones, a que las partes hayan
acudido previamente a algún medio adecuado de solución de
controversias.
La ausencia de una norma de derecho transitorio
específica obligará a cumplir con este nuevo requisito de
procedibilidad en todas las demandas presentadas desde esa fecha. Por
ello, será fundamental establecer criterios de interpretación que
permitan adecuar la redacción y la documentación de las demandas a
estas nuevas exigencias.
En este contexto, Raquel Blázquez
Martín ha analizado los principales desafíos e incertidumbres que
pueden surgir al interpretar los artículos 2 a 19 de la Ley Orgánica
1/2025. Por ejemplo, el alcance y las excepciones de la obligación de
recurrir a los MASC antes de presentar una demanda, la manera en que
las partes pueden demostrar que han cumplido con este requisito sin
vulnerar la confidencialidad de la negociación previa, la forma de
gestionar esta etapa del proceso y las consecuencias jurídicas que
pueden derivarse tanto si se alcanza un acuerdo como si no.
La
magistrada también se ha centrado en la repercusión de estas
cuestiones en los procesos con intervención del Ministerio Fiscal, con
una visión sistematizada de las soluciones a las dudas más urgentes y
teniendo en cuenta los acuerdos de unificación de criterios que se
están adoptando en ciudades como Madrid y Barcelona.
Raquel Blázquez Martín ingresó en la carrera judicial en 1993 y
actualmente es magistrada de la Audiencia Provincial Civil nº 4 de
Asturias. Tras ocupar diversos destinos en juzgados de primera
instancia, fue magistrada coordinadora del Gabinete Técnico de la Sala
Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, entre 2015 y 2023.
Ha desempeñado cargos de responsabilidad en el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), como vocal del Consejo Rector de la Escuela
Judicial, magistrada inspectora del Servicio de Inspección, letrada
del Servicio de Estudios e Informes y jefa de la Unidad de Atención
Ciudadana.
Con más de treinta años de experiencia docente, ha
formado a profesionales de la carrera judicial, fiscal y de la
abogacía, además de colaborar con universidades en la enseñanza del
grado en Derecho y el máster de acceso a la abogacía. También ha
participado en el diseño de programas de formación a nivel
internacional y es autora de diversas publicaciones jurídicas en
derecho procesal, civil y mercantil.