Virginia Laparra, fiscal especial contra la impunidad de Guatemala, ha emprendido el camino del exilio para eludir la persecución judicial a la que la han sometido las mismas personas que ella ha investigado por su participación en un entramado masivo de corrupción. Estos días, se encuentra en España de la mano de la asociación Legado Jaume Botey. El 18 de febrero participó en un diálogo que organizó Iurislab, la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la UAB, con la colaboración del Grupo de Investigación en Estudios Políticos, las Identidades, las Instituciones y la Corrupción (GREPIIC).
¿En qué consistían los hechos corruptos que usted persiguió?
En una fuga de información confidencial sobre procesos de investigación de casos de corrupción en los que estaban implicadas personas de distintos organismos y entidades estatales: jueces, magistrados, diputados, ministros, alcaldes, concejales… Lo estaba llevando a cabo el juez Lesther Castellanos, que tenía en su conocimiento los procesos que litigaba la oficina del ministerio público a mi cargo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Más específicamente, ¿qué tipo de actividades corruptas eran?
Tráfico de influencias y venta de información. Filtraban información sobre las investigaciones y había abogados que trataban de comprar a jueces para que dictaran resoluciones en un sentido determinado o a diputados para que votaran en un sentido u otro… En cuanto al poder ejecutivo, normalmente estaba relacionado con la adjudicación de obras públicas que estaban sobrevaloradas. Al analizar las adjudicaciones, se comprobaba que no eran legales porque no se dejaba concursar a determinados constructores y que habían pactado los precios. Había también obras públicas que se habían pagado pero no existían más que en documentos. Y había vinculaciones con el narcotráfico: cantidades dinerarias que aparentaban corresponder a negocios que, al buscarlos resultaba que no existían, que la documentación para crearlos era falsa.
¿De qué se le acusó para llevarla a prisión?
Fue al denunciar al juez que estaba filtrando información sobre la investigación que se estaba realizando en contra de todos esos funcionarios. La filtraba a un abogado amigo suyo que tenía contacto directo con el presidente de la república en ese momento, Alejandro Giammattei. Además, descubrí que el juez utilizó el sistema informático del organismo judicial para obtener información sobre otros casos que no eran los suyos. Le denuncié administrativamente y el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, lo denunció penalmente. Los hechos en mi contra consisten en haberlo denunciado administrativamente: me llevaron a prisión argumentando que es delito denunciar administrativamente a un juez por hechos de corrupción. Es decir, un juez me denunció a mí por haberlo denunciado a él. Expidieron una orden de detención contra mí y establecieron una prisión preventiva que duró dos años. Entré en prisión en 2022.
¿Cómo fue el proceso?
Para empezar, el juez, que se supone que es el encargado de velar por las garantías constitucionales y el respeto a los derechos humanos, convirtió un proceso que tenía que ser público —en nuestro sistema penal, las audiencias son públicas por naturaleza— en uno reservado. En las audiencias, los querellantes, las personas que dan apoyo al ministerio público en la acusación, nos gritaban y nos agredían verbalmente de muchas maneras a mis abogadas y a mí. Quisieron obligarme a admitir que denunciar administrativamente a un juez es delito. Me obligaban, además, a una disculpa pública verbal y escrita, obviamente dictada por ellos. Me exigían una aportación económica: a día de hoy aún existe una solicitud por parte del Estado de Guatemala de un cuarto de millón de quetzales [31.000 euros] como reparación. Querían también que declarara que todos mis compañeros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y de la FECI formábamos una organización criminal que inventaba casos.
¿Cómo fueron las condiciones de su encarcelamiento?
Terribles. Los primeros seis meses estuve en el área de aislamiento para hombres de una prisión militar. Pasaba 23 horas diarias de encierro y una al aire libre, que coincidía con la hora de sol más intenso en un lugar donde no había sombra. Entraba vomitando en la celda con una insolación. El calabozo tenía unos dos metros y medio por tres. Era una estancia de cemento con una gruesa puerta corredera de metal. La única ventana era la de la puerta, que medía unos 25 × 15 centímetros y que sólo se podía abrir por fuera. Dentro había una regadera y un lavabo con agua fría, y un inodoro. Yo padezco claustrofobia: me quedaba sin oxígeno y a cada rato me sacaban arrastrada al patio de tierra. La rectora del sistema penitenciario se reía de mí y decía: «Ustedes llevaron a mucha gente a la cárcel, ahora lo que les toca es aguantarse». Era una tortura constante. Además de que denunciar administrativamente no es un delito, alguien sin antecedentes, si somos estrictos con la ley, jamás habría ingresado en prisión. Era sólo un mecanismo de represión.
¿Salió a la luz pública su caso?
El caso se conoció a través de una entrevista a la agencia Ocote. Solicitamos con mucho esfuerzo que dejaran entrar a un periodista y le conté los motivos por los que estaba en prisión y las condiciones en las que estaba encarcelada. Cuando la publicaron, me llevaron inmediatamente al juzgado. Me enviaron a un hospital de salud mental y a una prisión de máxima seguridad. El alimento de la prisión era incomible, ni los animales de la calle se la comerían: me estuve alimentando con lo que eventualmente lograban traerme familiares, amigos o desconocidos. Dos personas maravillosas me conocieron en esas condiciones y dijeron: «Necesitas comer, nos comprometemos a ayudarte». Lo agradezco en el alma porque no habría sobrevivido de otra manera.
¿Hubo más irregularidades en su encarcelamiento?
En las bases militares en las que estuve me fotografiaban todos los días, lo cual es ilegal en esas condiciones. Esas fotos salían posteriormente en las redes sociales con mensajes de burla, misóginos, etc. Las publicaba una fundación que se adhirió a la causa en mi contra, la llamada Fundación Contra el Terrorismo. Es un grupo creado para defender a militares acusados de delitos de lesa humanidad, como en el caso de Efraín Ríos Montt.
¿Cuál era, según usted, el objetivo de su condena?
La idea era aplicarme no una prisión preventiva sino una pena anticipada para dar una lección a todos los empleados públicos sobre lo que no podía hacerse sin pagar las consecuencias. Y demostrar que las amenazas de llevarnos a prisión, formuladas a finales de 2017, persistían cinco años después. El 19 de octubre de 2022 llevaba nueve meses presa y solicité una audiencia para revisar el aprisionamiento. Llegué temprano a la sala de audiencias y, al entrar, me senté en la parte de atrás. El juez al que yo había denunciado estaba cinco filas más adelante hablando por teléfono con una persona que me atrevería a decir que era la jueza que iba a dirigir la audiencia. Le decía: «Quedamos en que usted no puede dejarla salir de prisión. Es peligrosa y, si le deja salir, nos va a meter presos a todos».
¿Y qué sucedió?
Ese mismo día hicieron una gestión con el ministerio público. La actual fiscal general, Consuelo Porras, y el nuevo jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche, son personajes jurídicos desastrosos, totalmente plegados a la corrupción. Porras actuó motivada por el juez al que yo denuncié y con una solicitud directa de la Fundación Contra el Terrorismo: cuando salí de la sala de audiencias, ese 19 de octubre de 2022, me esperaba un pelotón de policías con una nueva orden de detención. Los nuevos hechos consistían en que yo había solicitado la suspensión de una audiencia y que los argumentos que utilicé eran un delito. Ese es el otro proceso que me esperaba cuando salí de prisión.
¿Qué ocurrió entonces?
Cuando salí en enero de 2024 habían iniciado el segundo caso, que llevaba archivado más de un año. El juez estaba muy presionado por todos esos grupos que le decían que no me podía absolver y que yo era la niña de los ojos del presidente de la república, Bernardo Arévalo. Lo decían porque Arévalo me había concedido un reconocimiento como funcionaria destacada del Estado. Consideraban que, si yo era absuelta, el presidente creería que iba ganando poder, lo cual les parecía muy mal. El 8 de julio el juez me condenó a cinco años de prisión conmutables más nueve años y a diez años de prohibición de optar a cargos públicos y al ejercicio profesional. Además, me estaban cobrando ya el cuarto de millón de quetzales y me pusieron otra multa.
¿Decidió entonces exiliarse?
Volver a prisión habría significado mi muerte. Les dije a mis hijas: «Si voy a la sala de audiencias, lo más probable es que no regrese nunca». Tuve que tomar una decisión y exiliarme intempestivamente. Salí y, cuando pude, llamé a mis hijas para decirles que no iba a volver.
¿Han cambiado algo las cosas en el sistema de justicia desde que asumió la presidencia de Guatemala una figura más progresista como es Arévalo?
No, no han cambiado. El presidente, de hecho, a duras penas ha logrado mantenerse en libertad. Ya ilegalizaron su partido [Movimiento Semilla] y lo que quieren es llevarlo a prisión. El organismo judicial se ampara en su autonomía pero lo cierto es que no tiene nada de autónomo: está corroído, entrelazado con la corrupción. No son todos los jueces pero los corruptos llevan casos de persecución contra otros jueces, fiscales, abogados, periodistas e incluso estudiantes que se atreven a manifestarse contra la corrupción. Las fases de la persecución son: una campaña mediática de desprestigio, denuncias administrativas, denuncias penales y cárcel o exilio. En mi caso, cárcel y exilio. Y el exilio destruye todo tu proyecto de vida familiar, personal, profesional… Lo que más lamento es no haber preservado mi vida con mis hijas. Y está lo profesional, todo lo que me costó abrirme paso en el ministerio público siendo mujer, que añade dificultad. He trabajado por la justicia todo lo que he podido y he luchado hasta el último momento, pero ya no me queda nada por intentar. La única manera de preservar la vida y la libertad era salir de Guatemala.