El presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha participado esta mañana en el II Foro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, agradeciendo a la alcaldesa de Abenójar, Verónica García, y a la Plataforma por los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, la invitación a un espacio que —según sus palabras— “reivindica lo que es evidente: que los servicios sociales no tienen ideología y deben ser un compromiso social, pero también institucional”.
En el foro, celebrado en Abenójar, se ha analizado la situación de los servicios sociales en defensa de los derechos laborales de los profesionales del sector y garantizar condiciones de vida dignas para las personas beneficiarias.
Durante su intervención, Valverde, que ha estado acompañado de la vicepresidenta del Área de Atención a las Personas, Encarnación Medina, y de la diputada provincial, Maribel Mansilla, ha puesto en evidencia las carencias estructurales del actual sistema de financiación de los servicios sociales en Castilla-La Mancha, denunciando que los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden, muchas veces sin financiación.
Explicaba el presidente de la Diputación que la institución es el ayuntamiento de los ayuntamientos y su esencia es atender a las entidades locales, especialmente a las más pequeñas, “cualquier responsable institucional y de cualquier administración quiere que se presten unos buenos servicios sociales y que se atienda, de la mejor manera posible, a todas las personas, fundamentalmente a aquellas que más lo necesitan”.
Programas de ayudas para prestaciones sociales de la Diputación
Desgranaba Valverde los diferentes programas que lleva a cabo la Diputación de Ciudad Real en el ámbito social, entre los que se encuentra el “Programa de apoyo nutricional a personas mayores”, dotado con 1.600.000 euros, cuyo coste asume ahora íntegramente la institución provincial y que, en estos momentos, se encuentra a la espera de los informes de sostenibilidad del Ministerio y de no duplicidad de la Junta para poder sacar la nueva convocatoria; el “Programa de apoyo a través de Emergencia Social” que cuenta con una financiación de 1.250.000 euros por parte de la Diputación, el “Programa de apoyo a los municipios menores de 2.000 habitantes” para prestaciones de servicios sociales con 500.000 euros y , además, las ayudas a las entidades del tercer sector que se han incrementado en un 25% llegando hasta los 750.000 euros para que las asociaciones puedan salir adelante y atender a las personas que más lo necesitan.
En su intervención, también ha analizado Valverde la inestabilidad e incertidumbre derivada del modelo de convenios con los ayuntamientos, “que nos lleva a que cada vez las instituciones locales tengamos que poner más dinero, que la mayoría de las veces no tenemos” y ha denunciado la desigualdad en la equiparación salarial de los trabajadores sociales municipales respecto a los de la administración regional. “No se puede trasladar a los municipios la carga de estos servicios o financiar servicios residenciales sin los recursos necesarios”, ha añadido.
En este sentido, Valverde ha anunciado que la Diputación continuará aumentando su dotación presupuestaria para los servicios sociales y en apoyo a las entidades del tercer sector. También ha subrayado el incremento económico para planes de empleo superando los 13 millones de euros. Añadía que falta una equiparación salarial justa que reconozca la labor de los trabajadores de los servicios sociales.
Apelaba Valverde a que el compromiso social debe ir acompañado de “compromiso presupuestario, planificación clara y lealtad institucional. No podemos engañar a la gente, diciendo que todo funciona muy bien cuando no es así. Yo creo que es necesario un nuevo modelo de gestión de los servicios sociales, replantearlos para el presente y para el futuro inmediato” y finalmente ha reivindicado “un esfuerzo presupuestario y de reconocimiento para los ayuntamientos, que servirá para reconocer también a los trabajadores que formáis parte de ellos”.
La Plataforma, que representa a más de 500 profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria contratados por la administración local de la región, ha venido denunciando la situación de precariedad laboral que afecta al sector.