Una investigación subraya carencias en el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional

Los ejemplos de Polonia y Hungría han demostrado que los gobiernos pueden verse tentados a desestabilizar los tribunales constitucionales para someter al poder judicial a su control. Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha concluido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre independencia e imparcialidad judicial puede tener un impacto positivo en los Estados miembros, incluso en aquellos que no enfrentan una crisis del Estado de derecho. La investigación también subraya las carencias existentes en los marcos jurídicos y los procedimientos de nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional en países como España y Francia, que «podrían, potencialmente, socavar la independencia judicial».

«Los resultados demuestran que, incluso en democracias consolidadas,existe margen para mejorar la protección de la independencia judicial. La investigación realizada contribuye al debate europeo más amplio sobre la armonización de los estándares de independencia judicial», sostiene Bettina Steible, investigadora del grupo de estudio en Geopolítica, Conflicto y Derechos Humanos (GEOCONDAH), de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. 

 

Salvaguarda del Estado de derecho

El TJUE es un órgano que desempeña un papel importante para garantizar el respeto del principio de independencia judicial a escala nacional en un contexto de crisis del Estado de derecho como el actual. «Los principios desarrollados por este tribunal son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, lo que significa que los estándares desarrollados sobre la independencia del poder judicial son aplicables a todos los Estados de la UE«, describe Steible.

En este contexto, el TJUE ha ido desarrollando un amplio cuerpo de jurisprudencia que aborda muchos aspectos de la independencia judicial que tienen en cuenta no solo los marcos jurídicos que regulan los procedimientos de nombramiento, sino también la práctica, a fin de evaluar si existe una influencia indebida del poder legislativo o del ejecutivo sobre los miembros del poder judicial. «Las normas desarrolladas por el TJUE cubren una variedad de elementos, incluidos el proceso de nombramiento, la duración del mandato, las condiciones para el ejercicio del mandato, la ausencia de presión externa, la imparcialidad y los motivos de inhabilitación, recusación y destitución de sus miembros», describe la investigadora.