El proyecto ‘Transalud’, cofinanciado por el IMIB-UMU y con fondos Feder, plantea los puntos que debe mejorar el sistema sanitario en la atención al colectivo
Un proyecto de investigación dirigido por María del Mar Pastor, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, pone sobre la mesa algunos de los problemas que las personas transexuales tienen en su relación con el sistema de salud. ‘Transalud’ es un proyecto que cuenta con financiación del IMIB, del que forma parte la UMU, y fondos europeos Feder que, mediante técnicas cualitativas, aborda algunas de las dificultades sanitarias que enfrentan las personas trans durante su proceso de transición y posteriormente. Durante tres años, el proyecto ha acompañado a un grupo de siete personas para analizar las situaciones que viven y que afectan tanto a su salud física como mental.
Entre las conclusiones obtenidas, que han sido presentadas este lunes por Pastor en el Centro Social de la Universidad de Murcia, destaca que las personas trans tienen riesgo de que se agraven sus problemas de salud física porque tienden a retrasar sus visitas al médico ante cualquier síntoma por temor a vivir situaciones incómodas o discriminatorias por parte del personal sanitario. Este retraso en acudir a las consultas, basado en experiencias previas negativas, está también fuertemente vinculado a sus problemas de ansiedad y baja autoestima. Estos temores van “desde el miedo a que en la sala de espera les llamen con el nombre previo a la transición y tengan que afrontar la mirada estigmatizadora del resto de pacientes, a otras situaciones con el personal sanitario”, ha explicado Pastor.
Otra de las cuestiones detectadas es que, cuando una persona trans cambia de forma legal su nombre, el sistema la excluye de forma automática de aquellas pruebas de cribado propias de su sexo biológico; lo que puede poner en riesgo su salud física.
Estas cuestiones se unen a los problemas de ansiedad y baja autoestima que referencian quienes han colaborado en este proyecto; cuestiones que atribuyen a la falta de apoyo y discriminación o estigmatización que perciben. El contexto sociopolítico y los valores culturales, añaden las conclusiones del trabajo, aumentan su predisposición a problemas de salud física y mental, así como a mayores dificultades en empleabilidad y formación.
Por todas estas cuestiones, el proyecto ‘Transalud’ recomienda una mayor implicación del colectivo sanitario: formación específica y creación de protocolos sanitarios unificados en colaboración con asociaciones expertas que garanticen una asistencia sanitaria de calidad. Y es que, asegura el grupo de investigación, la complejidad del proceso de construcción de su identidad de género se agrava cuando dependen de una atención y acceso sanitario que, pese a contar con legislación y protocolos para la atención a este colectivo, sigue patologizándoles y estigmatizándoles, aunque se aprecie una mejora en el trato recibido.
Estudio comparativo nacional
La presentación de las conclusiones de este proyecto ha servido también como punto de partida para dar a conocer el próximo proyecto del grupo de investigación que dirige la profesora Pastor y que pretende obtener una radiografía nacional de la atención sanitaria a personas trans en función de las políticas y protocolos aplicados por diferentes comunidades autónomas.
Este estudio plantea como objetivo general de investigación el evaluar la implementación de las políticas para la igualdad real y efectiva de las personas trans y describir los mecanismos y resultados de dicha aplicación en los servicios de salud de siete CCAA. Este estudio contribuirá a la comprensión de cómo las políticas públicas de igualdad afectan la accesibilidad y calidad de la atención sanitaria de las personas trans en España. Mediante un enfoque de evaluación realista, se identificarán las barreras y facilitadores en la implementación de estas políticas en diferentes comunidades autónomas, permitiendo generar recomendaciones basadas en evidencia.
Los hallazgos obtenidos proporcionarán información valiosa para la toma de decisiones en el ámbito político y sanitario, fomentando la equidad en el acceso a la salud y promoviendo modelos de atención más inclusivos y especializados.