La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha organizado el curso Introducción a la Inteligencia Artificial y su impacto en el empleo, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide. El encuentro, celebrado los días 23 y 24 de junio en Carmona (Sevilla), ha reunido a personal experto del ámbito académico, representantes institucionales y agentes sociales para debatir sobre los retos que plantea la implantación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral.
Durante las jornadas —que contaron con la participación del responsable de IA y Digitalización de UGT, José Varela, y fueron clausuradas por el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín— la secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, advirtió sobre la rapidez con la que estas tecnologías están siendo introducidas en los entornos laborales y productivos.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de cada tres empleos en Europa ya está expuesto al uso de sistemas basados en inteligencia artificial. Ante este escenario, Barrera subrayó la necesidad de establecer una gobernanza democrática de la IA, basada en el control humano, la transparencia algorítmica y la participación efectiva de las organizaciones sindicales.
Durante su intervención, presentó el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) Por una inteligencia artificial positiva para las personas trabajadoras, aprobado en 2025. Se trata del primer dictamen institucional europeo que aborda específicamente el impacto de la IA sobre el empleo y los derechos laborales, y representa un avance político significativo al reclamar medidas normativas concretas que protejan a las personas trabajadoras frente a los nuevos riesgos derivados de los entornos digitales.
El documento destaca que el impacto de la IA no es neutral y que su desarrollo dependerá de las decisiones políticas y jurídicas que se adopten. Entre sus principales propuestas se encuentran: el establecimiento del control humano sobre las decisiones automatizadas; la realización de evaluaciones previas de impacto sobre los derechos fundamentales en los sistemas considerados de alto riesgo; el cierre de lagunas normativas en materia de protección laboral; y la incorporación de los sindicatos en los mecanismos de supervisión y evaluación, como la Oficina Europea de IA y los espacios de pruebas reglamentarios (AI Sandboxes).
Asimismo, el dictamen plantea reforzar la protección de datos personales, fomentar la alfabetización digital desde edades tempranas y mejorar la cooperación entre las instituciones europeas y los agentes sociales, con el fin de evitar la fragmentación normativa entre Estados miembro.
En este sentido, desde UGT reiteramos que la negociación colectiva debe ocupar un lugar central en esta transición tecnológica. Es imprescindible garantizar que el desarrollo y uso de la inteligencia artificial se realice en beneficio de las personas trabajadoras. En ningún caso puede permitirse un uso de la IA que vulnere derechos laborales, cuestión que, tal y como se establece en el dictamen del CESE, debe ser considerada ilegal.
