Un nuevo estudio concluye que la detención de personas en situación irregular y el retorno forzado al país de origen es una medida ineficaz y contraria a los derechos fundamentales
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Investigación
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Solidaridad
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Las personas entrevistadas creen que las medidas restrictivas que se aplican —como el alargamiento de los tiempos de detención— no solo no dan respuesta a la situación de irregularidad, sino que incluso la incrementan, al tiempo que requieren una cantidad significativa de recursos. Apuntan que, para evitar las detenciones, hay medidas alternativas infrautilizadas, como la retirada del pasaporte. Y, en cuanto a la deportación, opinan que debería ser una medida excepcional y alertan del peligro de que se utilice como herramienta punitiva para los comportamientos no normativos, sin garantía legal suficiente para las personas afectadas. Señalan que la política de retornos sigue una lógica punitiva que aumenta la precariedad, la inseguridad y la victimización de las personas en situación de irregularidad.
La profesora Jubany explica que «el proyecto MORE nace de la necesidad de examinar críticamente las lógicas que legitiman el enfoque de las políticas de retorno y readmisión como principal herramienta en la gobernanza migratoria y las consecuencias que eso conlleva». «Este enfoque ha erosionado progresivamente las garantías de derechos, restringiendo las vías de regularización y reforzando mecanismos de control cada vez más punitivos y restrictivos, sin aportar soluciones estructurales para la gestión de la movilidad ni reducir de forma efectiva la irregularidad», concluye la investigadora.