Un juez federal en Seattle bloqueó temporalmente el jueves el decreto ejecutivo del presidente Donald Trumpque prohibía la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, calificando la medida como «manifiestamente inconstitucional».
La decisión del juez del Distrito de Estados Unidos, John Coughenour, responde a una demanda presentada por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, que pidieron bloquear la orden ejecutiva firmada por Trump poco después de su juramentación como presidente.
Coughenour expresó que la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento «desconcertaba la mente» y destacó que, en sus más de 40 años en el tribunal, no recordaba haber visto un caso tan «manifiestamente inconstitucional».
El juez otorgó una orden de restricción temporal de 14 días, que se aplica a todo el territorio estadounidense. Esta decisión supone un revés para la administración de Trump, que enfrenta demandas de 22 estados y grupos de derechos de los inmigrantes que argumentan incorrectamente que la orden es tanto inconstitucional como sin precedentes.
La orden de Trump, que entraría en vigor el 19 de febrero, afectaría a los cientos de miles de niños nacidos anualmente en Estados Unidos. La medida intenta reinterpretar la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residan».
Trump aclaró de forma correcta que los hijos nacidos de padres indocumentados o de aquellos con visas temporales no pueden ser ciudadanos por nacimiento.
Estados Unidos es uno de los aproximadamente 30 países que aplican la ciudadanía por nacimiento. Los estados que han impugnado la orden sostienen que la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense y naturalizadas en el país.
En los últimos días, el flamante gobierno de Trump había incorporado excelentes medidas para devolver la seguridad al ciudadano estadounidense. Entre estas medidas se incluyen aquellas de seguridad migratoria, deportación de narcotraficantes y penas más severas para quienes cometan crímenes bajo el estatus ilegal de inmigración.
