Un estudio de la URV analiza por primera vez las consecuencias del plan en producción, valor añadido y ocupación y constata que los territorios con mayor peso económico y poblacional salen reforzados
Un equipo de investigadoras e investigadores del Departamento de Economía de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha publicado un estudio que analiza el impacto económico territorial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2020-2030 (PNIEC), evaluando su potencial redistributivo, que podría ser limitado entre las comunidades autónomas españolas. El trabajo cuantifica, por primera vez, las consecuencias del plan en producción, valor añadido y empleo, destacando diferencias relevantes entre regiones ganadoras y perdedoras.
El estudio, elaborado en el marco del proyecto europeo SPECTRUM, utiliza un modelo que simula los efectos directos e indirectos de esta ambiciosa política de inversión, que moviliza a 308.000 millones de euros para transformar el modelo energético español. Pese a los efectos positivos globales -con cerca de 345.000 millones de euros en producción adicional y 1,8 millones de nuevos puestos de trabajo-, el análisis territorial revela una concentración de impactos en Madrid, Cataluña y Andalucía, regiones con mayor población, tejido productivo y presencia del sector energético.
«Aunque el PNIEC tiene vocación nacional, los resultados muestran que refuerza el peso de las regiones ya más dinámicas y no reduce las desigualdades territoriales existentes», apuntan los autores. De hecho, el estudio constata que la redistribución del impacto económico actúa como un juego de suma cero: las ganancias relativas de unas comunidades implican pérdidas relativas a otras. Las diferencias se explican a partir del criterio de asignación territorial adoptado en el estudio, que combina el peso poblacional y la contribución de cada región a la producción energética. Aunque este supuesto es plausible, no se trata de un criterio oficial comunicado por el Ministerio. Si la inversión inicial se asigna efectivamente en función de estos indicadores, las regiones con menor población, menor actividad industrial y menor presencia de empresas del sector energético reciben una menor inversión.
Este desequilibrio inicial tiene consecuencias directas: la inversión impulsa el crecimiento económico local a través de la contratación, consumo y activación de sectores complementarios. Si una región recibe menos inversión, genera menos actividad productiva, crea menos empleo y recibe menos ingresos derivados de esta cadena de valor. Por tanto, el retorno económico del PNIEC no sólo es desigual en el punto de partida, sino que el impacto final tiende a concentrarse allí donde la inversión inicial ya era más alta, reforzando las disparidades existentes. Esto puede ensanchar la brecha territorial, contrariando uno de los principios fundamentales de una transición ecológica justa: la cohesión territorial.
El trabajo propone una nueva metodología para evaluar ese desequilibrio a partir de indicadores que comparan la inversión directa recibida con los resultados finales en cada territorio. Los datos muestran que Cataluña es la única región que sale ganando en los tres ámbitos analizados (producción, valor añadido y empleo). Por el contrario, comunidades como Galicia, Castilla y León, o Extremadura experimentan pérdidas relativas, especialmente en empleo.
Este estudio aporta nuevas herramientas para entender los efectos desiguales de las políticas climáticas y alerta sobre la necesidad de estrategias correctoras que garanticen una transición verde justa, también desde el punto de vista territorial.
