UGT Servicios Públicos muestra su total rechazo al proyecto de Ley de Simplificación Administrativa aprobado esta semana en el Consejo de Gobierno regional ya que -tal y como defiende- supondrá la privatización de servicios públicos y la creación de dos administraciones paralelas -una para pobres y otra para ricos-, al tiempo que podría estar incurriendo en una inconstitucionalidad.
El sindicato lamenta también que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha haya aprobado este proyecto de ley de manera unilateral, sin ningún tipo de acuerdo ni de consenso con las organizaciones sindicales y, además, “mirando hacia otro lado ante el contundente informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, el cual advierte de que se podría estar incurriendo en una inconstitucionalidad”.
Desde UGT Servicios Públicos señalan que esta ley, si finalmente pasa el trámite parlamentario y es aprobada, podría suponer “la creación de una administración paralela de pobres y ricos, de quiénes puedan pagar tasas a las entidades colaboradoras -por la autopista- y de los que no -por las carreteras comarcales-, usando un símil geográfico”.
Añade que se estaría atentando contra la garantía de unos servicios públicos objetivos y de calidad, privatizándose -mediante las entidades colaboradoras- unas funciones que son potestad de los funcionarios públicos. Igualmente, con la puesta en marcha de las unidades administrativas de apoyo -también reflejadas en la ley- se alterarían las reglas del juego en cuanto a lo recogido en la Ley de Empleo Público para la creación de puestos de trabajo propios de funcionarios públicos, en la que es parte imprescindible la negociación previa de la parte sindical.
“En UGT llevamos tiempo denunciando la pirámide invertida en la que se está convirtiendo nuestra administración regional. Mesa tras mesa de negociación la Dirección General de Función Pública no escatima en puestos de asesores de gabinete, altos cargos, libre designación… pero para los puestos bases, en su mayoría, se provee de programas temporales que, solo en el mejor de los casos, pasan a ser de estructura. Para otros, con peor suerte, nos pasamos años y años reclamando su imperiosa necesidad”.
El sindicato denuncia tanto la aprobación del proyecto de ley como la forma de actuar del Gobierno de Castilla-La Mancha, así como “la merma y el perjuicio en los servicios públicos que este Gobierno está ocasionando a través de una gestión autoritaria, sin consenso ni negociación”.
UGT reclama una administración pública, responsable y de calidad que fomente la transparencia, la seguridad jurídica, la buena fe, la eficacia y la eficiencia, que sirva para fortalecer los servicios públicos en Castilla-La Mancha.
