La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una investigación a través de denuncias en las correspondientes unidades de la Guardia Civil con el objetivo de localizar a los autores de la vandalización de siete radares ubicados en diferentes carreteras convencionales (2 en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León y 1 en la Comunidad Valenciana) y emprender así acciones legales contra ellos.
La vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal en sus artículos 263 a 267 en los que se contemplan una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio.
Concretamente, el artículo 263.2 establece un tipo agravado del delito de daños que prevé pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, que se comete cuando concurren las siguientes circunstancias, indicativas de la intención del autor de causar un perjuicio más grave: