El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Silván, denuncia que “la Mesa del Congreso, acatando la orden de Moncloa y empujada por la mayoría gubernamental, acuerda manipular y falsificar el mensaje motivado remitido por el Senado”, en relación con la ley de desperdicio alimentario.
“Esta obscena cacicada que ha perpetrado el Gobierno, con la colaboración necesaria de su mayoría en la Mesa del Congreso, es la que provoca el doble conflicto de atribuciones que hoy mí Grupo propone aprobar en el Pleno”, asegura el dirigente del PP.
Silván recuerda que “todo este colosal disparate” se lleva a cabo pese a la advertencia del secretario general del Congreso. “Nos encontramos ante el atropello más ostentoso y consciente contra los Reglamentos del Senado y del Congreso y contra la Constitución”, remarca.
Señala que “ni el Gobierno ni la Mesa del Congreso son competentes para meter la mano a su antojo en un texto aprobado por esta Cámara”, tras lo que pone de manifiesto que así lo recoge el artículo 134.6 de la Constitución, el artículo 111 del Reglamento del Congreso y el 151 del Reglamento del Senado.
SÁNCHEZ GOBIERNA CONTRA EL PARLAMENTO
“El Senado, por lo visto, no es más que una Cámara de pega para el universo sanchista”, reprocha Silván a la bancada socialista, al tiempo que recuerda las palabras de Pedro Sánchez cuando dijo ‘gobernaré con o sin concurso del poder legislativo’. “Sánchez gobierna contra el Parlamento”, denuncia.
Así mismo, el senador popular afirma que “tampoco la Mesa del Congreso puede actuar como un órgano legislador encubierto, suplantando a esta Cámara y al propio Pleno del Congreso”.
Silván asegura que “por encima de la lealtad a Sánchez, está la lealtad a la Constitución”, tras lo que resalta la sentencia del Tribunal Constitucional 167/2023, que anuló la resolución adoptada por la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop, al suprimir una enmienda aprobada por la mayoría del Pleno de la Cámara Alta.
“La sentencia lo deja negro sobre blanco en el caso de que existan posibles irregularidades. En el texto aprobado por el Senado, las enmiendas sólo se pueden corregir de dos maneras: o el Pleno del Congreso las elimina mediante su votación en segunda lectura, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; o posteriormente, una vez que la ley se ha aprobado, lo hace el Tribunal Constitucional mediante los mecanismos previstos”, explica el senador del PP.
Asevera que “el Gobierno y la Mesa del Congreso han vulnerado el ejercicio de la potestad legislativa del Senado, reconocida en el artículo 66.2 de la Carta Magna”. En este sentido, Silván resalta que su partido “defiende la potestad legislativa de esta Cámara y los derechos fundamentales de los parlamentarios. Defendemos nuestra democracia parlamentaria y somos la garantía en defensa de las instituciones y la democracia”.
Califica la actuación del Gobierno y Armengol de “descarado despotismo” y resalta que “van de récord en récord” en nuestro medio siglo de democracia “por borrar las dos enmiendas aprobadas en el Senado”.
Durante su intervención, el portavoz adjunto del GPP señala que el conflicto de atribuciones planteado por su Grupo “va de impedir que el Gobierno vuelva a tratar a una Cámara parlamentaria como a un objeto decorativo; va de que los gobernantes se sometan a la voluntad democrática de los ciudadanos, a través de los representantes políticos a los que confían su voto; y va de comprometerse a que nuestra democracia siga siendo realmente parlamentaria y, por tanto, realmente democrática”.
“Este Gobierno de resistencia no tolera el Senado y por eso no hace otra cosa que despreciarlo, desapoderarlo e intentar reducirlo a la inoperancia”, asevera, tras lo que pone como ejemplos “las constantes zancadillas durante la tramitación de la amnistía; la supresión del veto a los objetivos de estabilidad presupuestaria; o el ninguneo a las proposiciones de ley aprobadas”.
Para finalizar, Antonio Silván expresa el respeto del Grupo Popular “hacia los excelentes servicios jurídicos de esta Cámara”, así como su reconocimiento “a su honestidad, independencia y categoría jurídica”, ante “el avasallamiento sistemático del Gobierno al Senado»