Madrid, 25 de junio de 2025.- El Ministerio de
Sanidad ha presentado la hoja de ruta «Trabajo y salud
mental», un informe técnico que reconoce el papel
determinante del trabajo en la salud mental de la población
y plantea estrategias específicas para prevenir, detectar y
atender los trastornos mentales derivados de las formas de empleo y
trabajo.
La propuesta parte del reconocimiento de que el trabajo puede
ser una fuente de bienestar, estructura vital y sentido de
pertenencia cuando se desarrolla en condiciones dignas. Sin
embargo, cuando se realiza en contextos de precariedad, sobrecarga,
inseguridad o violencia, se convierte en un factor generador de
sufrimiento psíquico y patología.
El objetivo de este documento es establecer una base
sólida para la identificación del sufrimiento
psíquico que se origina o se ve agravado por las condiciones
de trabajo y empleo. A partir de este punto de partida, se
desarrollarán otros documentos técnicos, acciones
formativas y mecanismos de coordinación a distintos niveles,
con el fin de promover cambios en el abordaje de estos problemas y
prevenir su aparición.
Un enfoque estructural para comprender y
actuar
El informe propone un modelo integral para el reconocimiento de
los factores que afectan a la salud mental en el ámbito
laboral. Incide en una perspectiva de justicia y de cuidado hacia
la salud de la población trabajadora, al tiempo que reconoce
al sistema sanitario como un agente activo en la protección
de la salud mental, incorporando una perspectiva de los
determinantes sociales en salud. Además, analiza no solo las
condiciones laborales que pueden generar daño
psíquico, sino también el papel y la responsabilidad
del sistema sanitario una vez que ese daño se manifiesta en
las consultas.
El documento también subraya la importancia de superar
una visión individualizada del sufrimiento psíquico,
para centrarse en sus causas estructurales, y advierte sobre los
efectos de la precariedad integral —una combinación de
inestabilidad laboral, inseguridad económica y falta de
protección social—, que impacta de forma
desproporcionada en mujeres, jóvenes, personas migrantes y
sectores sociales más desfavorecidos.
Riesgos psicosociales y abordaje
clínico
El texto analiza los principales riesgos psicosociales laborales
—altas exigencias emocionales, falta de autonomía,
acoso, injusticia organizativa— y su relación con
problemas como ansiedad, depresión, trastornos adaptativos y
del sueño.
En el ámbito clínico, se establecen tres ejes de
actuación: evaluación sistemática de las
condiciones laborales del paciente; valoración de la
sospecha de origen laboral del malestar; y codificación en
la historia clínica mediante códigos Z. Estos
códigos pertenecen a una categoría dentro de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) utilizada
por profesionales de la salud para registrar factores que influyen
en el estado de salud de una persona, aunque no sean enfermedades
propiamente dichas. La inclusión en la historia
clínica de la notificación se realizará con
consentimiento expreso del paciente.
El informe advierte, además, del riesgo de causar
daños (iatrogenia) al medicalizar el sufrimiento sin tener
en cuenta sus causas laborales, y propone la prescripción
social como una estrategia para responder en coordinación
con los recursos comunitarios, sindicales o jurídicos en
aquellos casos donde el abordaje no debe ser exclusivamente
clínico.
Un sistema de vigilancia para visibilizar el
problema
La hoja de ruta propone la creación de un sistema de
vigilancia epidemiológica de los trastornos mentales de
posible origen laboral. Este sistema debe articularse con los
servicios de salud pública, salud laboral y atención
primaria, y permitir una recogida y análisis
sistemáticos de los datos que visibilicen la carga real del
problema.
El informe subraya que esta vigilancia no es solo una
herramienta técnica, sino un mecanismo de reconocimiento
institucional del sufrimiento laboral. Frente a la actual ausencia
de enfermedades mentales en el listado oficial de enfermedades
profesionales en España, el documento se alinea con las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo
para su inclusión.
Implicaciones
El documento hace referencia a los datos del informe
PRESME, resultado del trabajo del Grupo de personas expertas en
precariedad laboral y salud mental, y coordinado por el Ministerio
de Trabajo y Economía Social., que analiza la
relación entre condiciones laborales y salud mental en la
población ocupada en España
Entre sus principales hallazgos destaca que:
- Aproximadamente 170.000 cuadros depresivos podrían
haberse evitado en el año 2022 si no existieran formas de
precariedad laboral como la inseguridad contractual, los bajos
ingresos o la falta de control sobre el trabajo.
- Se estima que el 26% de los trastornos mentales comunes en la
población ocupada en España pueden atribuirse a
condiciones laborales adversas, como falta de control sobre el
trabajo, exigencias excesivas, inseguridad, o falta de apoyo.
- Las mujeres presentan una prevalencia mayor de trastornos
mentales relacionados con el trabajo, en parte debido a la
concentración en sectores con peores condiciones laborales y
a una carga adicional por desigualdades de género dentro y
fuera del entorno laboral.
- El informe destaca que alrededor del 60% de los trabajadores
expuestos a condiciones psicosociales negativas reportan
síntomas de sufrimiento psíquico, como ansiedad o
depresión, frente a tasas mucho más bajas en quienes
no están expuestos a estos factores
El documento “Trabajo y salud mental: hoja de ruta para
las administraciones sanitarias en España” ha sido
elaborado por el Ministerio de Sanidad a través del
Comisionado de Salud Mental. En su desarrollo han participado el
Área de Salud Laboral de la Dirección General de
Salud Pública y Equidad, otras unidades del propio
ministerio, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST), así como un equipo multidisciplinar de
personas expertas en salud mental, salud laboral,
epidemiología, políticas públicas y
atención clínica. También han contribuido
sociedades científicas de salud mental y de atención
primaria, así como organizaciones sindicales. La
colaboración de estas entidades y profesionales ha permitido
articular una propuesta integral y basada en la evidencia para
abordar los efectos del trabajo en la salud mental de la
población.
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