Los miembros del Consejo Interterritorial de Salud durante la reunión que han mantenido.
El apagón eléctrico del día 28 de abril evidenció la necesidad de reforzar el sistema sanitario ante fallos en infraestructuras críticas, porque si bien los hospitales contaban con generadores de emergencia y pudieron funcionar con relativa normalidad, otros ámbitos asistenciales, como centros de salud, farmacias o residencias, se vieron más afectados.
Por esa razón, y para evitar riesgos para la salud pública, se va a crear un grupo de trabajo interterritorial, coordinado por el Ministerio de Sanidad, cuyos objetivos serán:
- Mejorar la coordinación interterritorial e intersectorial en la respuesta a emergencias. Esto implica establecer canales de comunicación sólidos y listos para ser utilizados en cualquier momento entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que permitan lanzar alertas predefinidas en función de umbrales de riesgo compartidos y paliar de forma ordenada las situaciones de desabastecimiento.
También es fundamental establecer procedimientos de cooperación con otros sectores clave (operadores eléctricos y de telecomunicaciones, empresas de abastecimiento de agua y de gasoil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil y emergencias, departamento de seguridad nacional…). De este modo el sector sanitario estará plenamente integrado en los mecanismos de respuesta nacional a emergencias, y con apoyo mutuo entre regiones y niveles administrativos cuando sea necesario.
- Garantizar la continuidad asistencial durante interrupciones de suministros esenciales, minimizando el impacto en la salud de la población y en la calidad de la atención sanitaria. Se trata de asegurar que hospitales, centros de salud y otros servicios críticos puedan seguir lo más operativos posible ante estas situaciones.
- Proteger a los pacientes especialmente vulnerables a la falta de suministros. En particular, el plan pondrá énfasis en medidas para pacientes electrodependientes (que requieren dispositivos eléctricos o respiración asistida domiciliaria), personas con discapacidad y de edad avanzada y otras casuísticas que se identifiquen, en la conservación de medicamentos esenciales (por ejemplo vacunas, insulina, …) que requieren refrigeración, y en la continuidad de los sistemas de información y comunicación sanitarios involucrados en funciones críticas, como la atención de urgencias y la cadena terapéutica.
- Fortalecer la resiliencia del Sistema Nacional de Salud (SNS) frente a emergencias, mediante la preparación anticipada de recursos técnicos, humanos, formativos y organizativos.
- Desarrollar un marco común nacional de actuación, protocolos y guías técnicas de forma coordinada, que sirvan de referencia para que cada comunidad autónoma elabore, revise o actualice sus planes de contingencia locales y los de sus centros. Este marco definirá umbrales, procedimientos claros y roles y responsabilidades de cada nivel (nacional, autonómico y local) ante fallos en suministros críticos, respetando el reparto competencial y estableciendo unos mínimos niveles de contingencia para todo el SNS, partiendo de lo ya existente en las comunidades autónomas, mediante aprendizaje cruzado.
El cronograma de trabajo propuesto comienza en mayo de 2025 y finaliza en junio de 2027, con un hito principal de entrega de la versión definitiva del Plan de contingencia en junio de 2026. Los doce meses siguientes se dedicarían a la implantación efectiva y coordinada de las medidas propuestas y a su seguimiento.