El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Turismo, ha sancionado con 3.000 euros a titulares de 39 alojamientos turísticos no inscritos en el Registro de Turismo de Navarra en el que actualmente constan 1.303 apartamentos registrados.
De las 39 sanciones, 33 fueron incoadas en 2024 y 6 en lo que va de año. Las sanciones impuestas corresponden, principalmente, a alojamientos ubicados en Pamplona / Iruña.
Asimismo, Turismo se ha adherido a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos de corta duración, entre los que se encentran los turísticos, puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Para el sector de alojamientos turísticos, que mayoritariamente opera cumpliendo la normativa, supone una garantía, pues las administraciones mejoran su control dado que las plataformas digitales tendrán la obligación de facilitar la inclusión de registro otorgado por el Colegio de Registradores de la Propiedad de cada anuncio publicado. A partir del 2 de julio, este código asignado será un requisito indispensable para la comercialización de las viviendas destinadas a alquileres turísticos.
Es preciso recordar que la Ventanilla Única Digital es una exigencia del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida de datos de los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Este nuevo servicio también cumplirá el objetivo de mejorar la trasparencia y sostenibilidad en el acceso a la vivienda.
No obstante, la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra recuerda que competencia para otorgar la licencia de actividad a las viviendas de uso turístico es exclusivamente municipal y puede estar condicionada por diversos mecanismos que ayuden a ordenar o limitar esta actividad en Navarra.
Balance de inspecciones en 2024
En 2024 la Dirección General de Turismo realizó más de 500 actuaciones, en el marco del Plan de Inspección de Turismo 2024-2025. El desglose de las inspecciones fue el siguiente: 282 de comprobación de inicio de actividad; 92 de modificación de actividad; 41 por cese de actividad no comunicado y 61 por cumplimiento de la normativa turística. También se realizaron 77 comprobaciones destinadas a la eliminación de las actividades y servicios turísticos clandestinos. Por último, se emitieron 34 informes de adecuación a la normativa turística solicitados por promotores, entidades locales, otros departamentos del Ejecutivo o grupos de acción local. Además, se atendieron 200 consultas acerca de la normativa turística.
El Plan de Inspección de Turismo busca cumplir cuatro objetivos fundamentales: mantener unos estándares adecuados de calidad turística, tanto en las instalaciones como en la prestación de servicios; eliminar la actividad clandestina, persiguiendo el intrusismo y la competencia desleal; garantizar los derechos de las personas turistas, y alcanzar una aplicación homogénea de la legislación turística, estableciendo pautas comunes en el ejercicio de la función inspectora
Turismo de Navarra está comprometido con el sector, con la ciudadanía y con la persona turista por lo que mantiene el seguimiento del control de la oferta clandestina tanto de apartamentos y viviendas turísticas. Así, en el mes de junio, de manera similar a la de años anteriores, se retomará una campaña de concienciación contra estos establecimientos no autorizados, similar a la realizado .
En sus actuaciones inspectoras, la Administración foral ha trabajado con informaciones puestas a disposición por particulares, por el vecindario afectado y por el propio sector, mediante las cuales se logra identificar aquellos establecimientos donde se prestan actividades al margen de la legalidad. En este ámbito es crucial la colaboración de los ayuntamientos y demás entes locales de la Comunidad Foral de Navarra. Como se apuntaba anteriormente, se obtiene información relevante del análisis de los datos analizados y extraídos de las plataformas de alquiler vacacional más conocidas.
La información recopilada permite verificar si la actividad se efectúa conforme a la normativa aplicable y si existe, de cara a futuras inspecciones, reincidencia en el incumplimiento. En este caso, podría plantearse una sanción de hasta 9.000 euros.