El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy durante un acto sobre vivienda -en el que también ha estado presente la ministra del área y secretaria de la CEF-PSOE, Isabel Rodríguez– un paquete de 12 medidas históricas para fortalecer el derecho a la vivienda que buscan garantizar que esta sea el quinto pilar del Estado del bienestar y no un negocio para unos cuantos. El plan se articula en torno a tres objetivos prioritarios, tal y como ha anunciado Sánchez, “más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”.
Entre las medidas más destacadas, Sánchez ha anunciado la transferencia de más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada Empresa Pública de Vivienda, para la construcción de vivienda protegida, y además incorporará más de 30.000 viviendas procedentes de la SAREB, 13.000 de ellas de forma inmediata durante este primer semestre. Para garantizar la permanencia de este patrimonio público, se establecerá un mecanismo legal que otorgará a la Empresa prioridad en la compra de viviendas y suelos, asegurando que toda vivienda construida por el Estado mantenga indefinidamente su titularidad pública.
El secretario general ha confirmado la creación de un nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Viviendas, que se ubicará en la provincia de Valencia. Esta decisión estratégica busca contribuir a la reconstrucción del tejido económico de la zona afectada por la DANA, al tiempo que impulsará la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular en toda España.
Para fomentar el alquiler asequible, el Gobierno implementará un sistema integral de garantías públicas que protegerá tanto a propietarios como inquilinos, con especial atención a los arrendamientos a menores de 35 años. Además, se pondrá en marcha un programa específico de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible y se propondrá al Congreso una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que las viviendas se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
El plan incluye una ambiciosa reforma fiscal que equiparará la tributación de los pisos turísticos a la de otras actividades económicas y modificará el régimen de ventajas fiscales de las SOCIMIS, limitándolo exclusivamente a la promoción de vivienda en alquiler asequible. Además, se endurecerá la regulación contra el fraude en los alquileres de temporada, creando un fondo específico para que los gobiernos autonómicos y municipales puedan reforzar las inspecciones.
Como medida sin precedentes, se limitará la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes, que deberán hacer frente a una carga fiscal de hasta el 100% del valor del inmueble.
Finalmente, el Gobierno mantendrá y ampliará los programas de ayuda a través de un nuevo Plan Estatal de Vivienda, que entrará en vigor en 2026.
Tal y como ha subrayado el secretario general del PSOE, frente al modelo especulativo del PP, que dejó a casi 600.000 familias desahuciadas durante la crisis financiera y redujo la construcción de viviendas protegidas de 115.000 a menos de 5.000 al año, el Gobierno de coalición progresista ha demostrado su compromiso multiplicando por ocho el presupuesto estatal destinado a política de vivienda. «Con el Gobierno de coalición progresista no empezó el problema de la vivienda, sino la convicción de solucionarlo», ha afirmado Sánchez durante su intervención.
Con estas medidas España marca un antes y un después en la política de vivienda, puesto que tal y como ha concluido el secretario general del PSOE «España necesita una política ambiciosa, que esté dispuesta a poner todos los recursos del Estado para aumentar el parque de vivienda y proteger los intereses y derechos de la mayoría social de nuestro país frente a la sed especuladora de algunos».
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