Rego ha celebrado el encuentro con representantes de la organización y ha defendido los «espacios de diálogo, participación y defensa de derechos para asegurar que la juventud tenga voz y sea escuchada». En este sentido, la ministra ha mostrado su rechazo a la propuesta de Ley presentada por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, por la que se suprime el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
«Es una muy mala noticia que se cierren espacios democráticos como este, de participación», ha destacado Rego, quien ha recordado una cifra «absolutamente rotunda»: hablamos del cierre de un espacio que agrega más de 500 asociaciones juveniles, de más de 60.000 jóvenes en la Comunidad de Madrid; es absolutamente inaudito».
Asimismo, ha destacado la relevancia del artículo 48 de la Constitución Española, que protege la participación libre y eficaz de la juventud. «Desde el ministerio, cumplimos con este mandato constitucional con medidas concretas: financiación, asistencia técnica y refuerzo a los Consejos de Juventud», ha recalcado.
Espacios de diálogo, participación y defensa de derechos
El Ministerio busca el impulso de ocho ejes de trabajo con el CJE, que incluyen a su vez una batería de medidas: apoyar a los Consejos de la Juventud en sus trabajos con los y las jóvenes a nivel territorial y en la interlocución con gobiernos autonómicos; brindar asistencia técnica y acompañamiento en sus funciones estatutarias; reforzar los Consejos Territoriales para el despliegue de su incidencia en las políticas públicas autonómicas y locales; realizar actividades y eventos para la juventud en los territorios; facilitar encuentros y espacios de diálogo entre los Consejos Autonómicos para compartir buenas prácticas y desarrollar estrategias conjuntas; generar sinergias que visibilicen la importancia del trabajo de los Consejos y la relevancia de escuchar la voz de la juventud en todo el territorio; garantizar mecanismos de financiación estables que permitan al CJE ofrecer apoyo a los Consejos Territoriales, sin interferir en la autonomía competencial de las Comunidades Autónomas; y reconocer al CJE como interlocutor nacional para cohesionar y dar soporte a los órganos territoriales en contextos donde el apoyo autonómico es insuficiente o inexistente.