La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su comparecencia en la Comisión.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género en el Congreso, donde ha remarcado la importancia de alcanzar «el máximo consenso» para implementar las 461 medidas recientemente aprobadas. Redondo ha aseverado que «el esfuerzo, la generosidad y el tesón» para sacar adelante el pacto debe repetirse para su desarrollo.
«Me gustaría ser coherentes con su espíritu y alcanzar el máximo consenso, acordando con los grupos parlamentarios la manera de tramitar las medidas y el contenido esencial», ha apuntado la ministra, quien además ha defendido que «la violencia machista no es una cuestión partidista, no es una ideología: es una violación sistemática de los derechos de las mujeres, y combatirla debe ser una prioridad de todas las instituciones, más allá de las diferencias políticas».
Durante su comparecencia, Ana Redondo ha destacado el trabajo del ministerio, por ejemplo, para implementar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual con la apertura de casi la totalidad de los centros de crisis 24 horas, para los que ha anunciado la creación de una guía de servicios básicos que deberán prestarse en todos ellos, garantizando la igualdad de derechos de las víctimas en todo el territorio.
Por otro lado, ha señalado a la aprobación del Real Decreto que regula las ayudas económicas a víctimas de violencia sexual, los avances como la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencias sexuales, o la posibilidad de establecer declaraciones o interrogatorios telemáticos para evitar un mayor sufrimiento o revictimización.
Otra de las medidas reseñadas por la ministra ha sido la aprobación de la Instrucción de 28 de abril que actualiza el Régimen Registral de la filiación de los nacimientos mediante gestación subrogada, con el objetivo de hacer «coherente» el sistema español que considera violencia hacia las mujeres la gestación por sustitución.
Hoja de ruta
Asimismo, Ana Redondo ha expuesto en esta comisión la hoja de ruta de las principales medidas a impulsar para la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, centradas en el abordaje de la violencia digital, la violencia vicaria, la violencia económica y la formación de la judicatura.
En cuanto a la violencia digital, la ministra ha asegurado que se ha aprovechado el proyecto de ley relativo a la protección a los menores de edad en los entornos digitales para dotar de una regulación «integral, ambiciosa y pionera en Europa» que solucione el problema social del acceso indiscriminado de los menores a las redes y a otros entornes digitales.
Esta norma, que ya se tramita en el Congreso, supone también actuaciones contra los ‘deep fakes’, el control parental pre-activado en los dispositivos y habilitados también en los dispositivos de espacios públicos, o el fomento de mecanismos para detectar y evitar los sesgos de género en los entornos digitales. La ministra ha afirmado que se podrán introducir otras medidas en otros anteproyectos de ley actualmente en tramitación para luchar contra «una violencia real que deja consecuencias profundas en la salud mental, en la integridad física o en la libertad de expresión».
En segundo lugar, Redondo ha puesto el foco en la urgencia de regular la violencia vicaria y ha adelantado sobre esta que el paquete de medidas se centrará en definirla como una forma de violencia de género, reconocer a las víctimas expresamente en el ordenamiento jurídico y atender a todas las formas de violencia vicaria, no sólo a la más extrema. Además, se avanzará en un sistema que permita detectar casos en procedimientos civiles de familia, por ejemplo, con protocolos en los Puntos de Encuentro Familiar, garantizando la no aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, o impulsando la formación de los profesionales de justicia.
Por otro lado, la ministra ha insistido en la necesidad de proteger a las madres supervivientes para impedir su revictimización, y haciendo mención al caso Bretón, ha propuesto la modificación de los artículos 54 y 57 del Código Penal para impedir que el delincuente tenga contacto con cualquier medio o persona que pretenda hacerse eco, publicar o dar publicidad a su relato de los hechos.
También se presentará en el próximo periodo de sesiones una propuesta normativa para abordar la violencia económica, «una violencia que no deja huellas físicas, pero sí profundas cicatrices de dependencia y de vulnerabilidad». Ana Redondo ha propuesto medidas de carácter estructural, preventivo y reparador, como, por ejemplo, la tipificación normativa en el marco legislativo, el refuerzo de la vigilancia judicial sobre el cumplimiento de las pensiones alimenticias y compensatorias, el diseño de mecanismos ágiles para el embargo inmediato de bienes y rentas en casos de impago reiterado, la formación de jueces, fiscales y operadores jurídicos; o la articulación de medidas de autonomía económica, como el acceso a empleo, vivienda y recursos financieros para mujeres en situación de violencia.
Por último, la ministra de Igualdad ha desgranado las medidas relativas a la formación de la judicatura. «No podemos permitir que nuestros tribunales perpetúen las mismas injusticias que la sociedad lucha por erradicar», ha apuntado la ministra. En ese sentido, ha anunciado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer la formación de la carrera judicial en perspectiva de género en todas las especialidades. También, Redondo ha informado de que se está trabajando para desarrollar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para poner en marcha un plan de formación específico.
Por otro lado, se propondrá en la Conferencia Sectorial de Igualdad la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para la elaboración de un programa marco de formación y reciclaje para los profesionales vinculados con la atención a las víctimas de violencia sexual. A esto se unirá un grupo interministerial para abordar las medidas del pacto de Estado relativas a formación de los profesionales de servicios de competencia nacional.
Para terminar, Redondo ha dejado claro que el ministerio está a disposición absoluta de la comisión y de la Cámara en general para lograr que «cada una de las medidas acordadas sean una realidad en el menor tiempo posible».