El consenso mundial que alguna vez hizo de las minas antipersonal un símbolo de inhumanidad empieza a fracturarse. Tras décadas de avances, somos testigos de un giro peligroso: algunos Estados que en otros tiempos defendían el desarme están evaluando retirarse de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal. No se trata de un mero gesto jurídico, sino de un cambio que podría poner en peligro muchísimas vidas y revertir décadas de avances humanitarios que tanto costó conseguir.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) empezó a alertar sobre las minas antipersonal a fines de la década de 1980 porque sus equipos de salud atendían a cada vez más personas civiles con heridas provocadas por estas armas horrorosas. En ese momento, el CICR habló de una “epidemia mundial” y estimó que, cada año, las minas antipersonal mataban o herían a alrededor de 24.000 personas, en su mayoría civiles.
La Convención de 1997 sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal fue un punto de inflexión. Hoy, el tratado cuenta con 165 Estados partes, y sus resultados son incontestables: se han destruido más de 55 millones de minas almacenadas, se han desminado vastas superficies de tierra, y se han reducido considerablemente la producción y la transferencia de estas armas mortales. Gracias a estos esfuerzos, el número de víctimas cayó más de un 75 % desde el pico de fines de la década de 1990.
El impulso en torno a la Convención ayudó además a llamar la atención sobre los sobrevivientes y las atroces consecuencias a largo plazo de estas armas indiscriminadas. Más del 80 % de las víctimas son civiles. A menudo, los sobrevivientes quedan con una discapacidad de por vida, y necesitan prótesis y servicios similares. Muchas de las víctimas son niños y niñas.
En Camboya, por ejemplo, el año pasado casi el 50 % de los pacientes que acudieron a los dos centros de rehabilitación física que apoya el CICR eran sobrevivientes de minas, a más de dos décadas del fin de las hostilidades. En Afganistán, los equipos del CICR observan un fenómeno similar: en 2024 brindaron prótesis, fisioterapia y otros tratamientos a más de 7.000 víctimas de minas.
No existen las minas antipersonal seguras. Incluso las denominadas “no persistentes”, que se desactivan automáticamente, presentan riesgos letales mientras están activas, a menudo no se autodestruyen como deberían y exigen arduas actividades de remoción. Las minas no persistentes existían ya antes de que se adoptara la Convención sobre las minas antipersonal, que las incluyó deliberadamente en la prohibición. Ninguna mina puede distinguir entre un soldado y un niño.
También son engañosas las promesas de remoción rápida y barata. Bosnia sigue padeciendo el tormento de las minas casi 30 años después del final del conflicto armado. Si bien es posible identificar las zonas contaminadas, la remoción total de estas armas puede llevar varias décadas más.
La Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal es uno de los tratados de desarme más exitosos que se haya negociado. Contribuir a su debilitamiento o retirar la adhesión, además de poner vidas en riesgo, compromete la integridad del derecho internacional humanitario.
Esta semana, los Estados se darán cita en Ginebra para las reuniones entre períodos de sesiones de la Convención. Es una coyuntura crucial para responder a estas tendencias preocupantes, renovar el compromiso con el tratado y mantenernos firmes en contra de un retorno a armas que han causado tanto daño indiscriminado.
No es momento de retroceder: es momento de reafirmar nuestro compromiso colectivo de proteger a la población civil y sostener los principios que definen nuestra humanidad.