El absentismo laboral siguió creciendo en 2024, con un coste de casi 30.000 millones de euros. Un 7 % de esas bajas están vinculadas a trastornos psicológicos, según el informe de febrero de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que recoge datos de la Seguridad Social. Las bajas se han incrementado en un 186 % en una década, lo que las convierte en la segunda gran amenaza para la Seguridad Social, tras las pensiones. Por su parte, el sindicato UGT destaca en su último análisis que las bajas por motivos psiquiátricos aumentaron un 112 % entre 2016 y 2023 y alcanzaron los 603.521 casos (de un total de siete millones), una cifra sin precedentes.
Investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) señalan que la pandemia agravó los casos de ansiedad y estrés crónico, pero las normativas laborales siguen sin abordar los riesgos psicosociales que conllevan. No obstante, sucesos recientes, como la declaración de un suicidio como accidente laboral, constituyen un avance judicial hacia la protección legal de la salud mental.
«La pandemia de la COVID-19 supuso un punto de inflexión en la percepción de la salud mental en el entorno laboral. Durante el confinamiento y el teletrabajo, aumentaron los casos de ansiedad y estrés debidos a la incertidumbre económica, la sobrecarga laboral y las dificultades de conciliación. Sectores como la sanidad y el comercio fueron especialmente afectados por esta situación», explica Rubén Rodríguez Elizalde, director del máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.
En Cataluña, las consultas por ansiedad aumentaron un 127,32 % entre los años 2020 y 2021, y las relacionadas con el suicidio y las autolesiones subieron un 70,4 %, según datos del Departamento de Salud de la Generalitat. Este repunte evidencia un aumento indirecto en bajas por motivos psiquiátricos. Aunque algunas empresas han implementado servicios de apoyo emocional y asistencia psicológica, Rodríguez Elizalde advierte que persisten carencias, como la falta de regulación y el acceso universal a estos recursos.