La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha iniciado la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros haciendo una condena a la masacre que se está produciendo en Gaza. También ha recordado la posición inquebrantable del Gobierno de España frente a esta situación. “Así lo hemos defendido desde el primer momento y trabajamos para una respuesta firme y decidida de la comunidad internacional”. En este contexto se ubica la reunión encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el pasado fin de semana junto a otros países europeos, árabes y latinoamericanos trabajando por un objetivo común y prioritario: “parar la guerra, romper el bloqueo de la ayuda humanitaria y avanzar en el reconocimiento de los dos estados”.
En el capítulo de acuerdos tomados por el Consejo de ministros, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley de protección y resiliencia de entidades críticas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha justificado esta trasposición de una directiva europea por suponer una “mejora en el tratamiento del conjunto de amenazas cada vez más dinámicas y complejas” incluyendo catástrofes naturales, sabotajes o ataques híbridos a infraestructuras. “Queremos reforzar la resiliencia de las entidades críticas” para minimizar los riesgos en la prestación de servicios esenciales, ya sean explotados por organismos públicos o privados, ha defendido el titular de Interior.
Además de los sectores reconocidos como estratégicos, como la energía, salud y transporte, en este catálogo se incluirán también los sistemas de calefacción y refrigeración o las aguas residuales.
Por su parte, la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la ampliación de las profesiones catalogadas como peligrosas. “Los datos avalan que hay trabajos con más siniestralidad, con más accidentes de trabajo y con más enfermedades asociadas”. De la mano de los agentes sociales, se ha diseñado una serie de criterios objetivos para que los trabajadores que desempeñan estas actividades puedan adelantar su jubilación.
Además, Saiz ha presentado el primer balance tras la regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas autónomas en función de sus ingresos netos. Un total de 3,4 millones de personas han visto cumplida una “reivindicación histórica”. Estos trabajadores se veían en situación injusta que les abocaba a pensiones más bajas, con diferencias de hasta más de 600 euros con la media de otros regímenes. Los criterios seguidos son el de la justicia contributiva, para que cada autónomo cotice en función de lo que realmente gana; equidad, con ajustes progresivos; y sostenibilidad del sistema de protección a largo plazo.