La sociedad se vale de normas para orientar el comportamiento de sus miembros. Las hay de muchos tipos: desde las más formales y de obligado cumplimiento, como las leyes, hasta otras que se aprenden a través de la interacción social y cultural y moldean nuestra forma de actuar (por ejemplo, los modales).
Sin embargo, no todas contribuyen al bienestar de la sociedad. De hecho, para resolver los problemas sociales y medioambientales asociados al actual modelo de desarrollo económico –extractivista y enfocado en el beneficio económico– se necesitan nuevas pautas de comportamiento social encaminadas a la sostenibilidad.
Promover la responsabilidad social
Hemos analizado el diseño de leyes que orienten a las empresas hacia prácticas sostenibles. Específicamente, estudiamos por qué el artículo 39 de la ley española de economía sostenible de 2011, que promueve la responsabilidad social de las empresas, no sirvió para incentivarlas a mejorar la calidad de sus informes sobre desempeño medioambiental, social y de gobernanza.
La redacción del artículo fue muy confusa lo que dificultaba su comprensión y, por lo tanto, su aplicación. No se establecieron mecanismos claros para el control de su cumplimiento ni se pusieron a disposición de las empresas las herramientas necesarias para –partiendo de lo que ya venían haciendo en ese ámbito– pudiesen seguir mejorando su transparencia en materia social, medioambiental y de gobernanza.
Con el fin de saber cómo era posible que esto hubiese sucedido, revisamos la ley en detalle y entrevistamos a actores clave en el proceso de creación de la norma. Examinamos los documentos de trabajo y consultamos noticias de la época. Todo esto nos permitió entender las causas del fracaso de esta normativa y establecer cómo se puede evitar que situaciones similares se repitan.
Negociación tripartita
Para ayudar a confeccionar la ley se convocó a académicos, expertos de varias ONG y organizaciones sociales y medioambientales, e incluso a empresas líderes en la revelación de información social y medioambiental. No obstante, sus intereses, conocimientos y experiencia no quedaron reflejados en la redacción final del artículo 39.
La razón es que dicho artículo se enmarca en el ámbito empresarial, en el que los principales acuerdos colectivos son negociados entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno. De ahí que el diseño de la normativa estuviese dominado por estos tres actores sociales, que reprodujeron el mismo marco de negociación, estilo y dinámicas que tienen lugar cuando se negocian las pensiones, el salario mínimo interprofesional o los convenios colectivos.
La sostenibilidad, como fenómeno transversal, excede las competencias y conocimientos de la patronal y los sindicatos. Esta limitación tuvo un impacto muy significativo en el contenido final de la regulación que hemos analizado.
Factores coyunturales
Otro factor que contribuyó al fracaso del intento normativo de promover la responsabilidad social de las empresas fue la crisis económica global (2008). La gran recesión provocó un cambio en el discurso político y en la opinión pública: se dio prioridad al crecimiento económico y la creación de empleo, relegando a un segundo plano las cuestiones de naturaleza social y medioambiental.
La crisis económica debilitó notablemente al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien sufrió duras críticas en los meses previos a las elecciones generales de 2011. La premura por aprobar la ley antes de las elecciones provocó que se hiciese de forma precipitada y su redacción presentase deficiencias.
Tras la derrota socialista, el cambio de gobierno también influyó en la debilidad de la norma. El Gobierno entrante, del PP y más conservador, no subsanó los defectos de la ley y apostó por la autorregulación de las empresas en materia de revelación de información social y medioambiental.
¿Qué lecciones nos quedan?
Para diseñar leyes que sean realmente efectivas, los gobiernos deben tener en cuenta tres parámetros básicos:
- Es fundamental crear procesos realmente participativos y basados en el conocimiento. Garantizar que el conocimiento técnico y la experiencia tengan un rol destacado en la formulación de la ley mejorará su calidad y la relevancia de sus contenidos.
- Es más eficaz intentar diseñar la ley de acuerdo a las prácticas, herramientas y conocimientos ya en marcha, en lugar de imponer cambios desconectados de la realidad de los actores involucrados y que puedan generarles incomprensión o rechazo.
- Para que las normas y los valores contemplados en la ley sean aceptados e interiorizados, deben estar en sintonía con el sentir y las expectativas de la sociedad en el momento en el que son promulgadas.
En el caso de la regulación analizada, su proceso de elaboración dejó de lado las opiniones de los expertos y no se construyó sobre lo que ya estaban haciendo las empresas en cuanto a la comunicación de sus acciones de responsabilidad social. Además, los ojos de la sociedad estaban puestos en la recuperación económica y no en la sostenibilidad.