- El valor de los pagos digitales en ventas al por menor se ha duplicado con creces desde 2017 hasta superar 1 billón de euros.
- La UE interviene en la fijación de tasas para las tarjetas, pero no revisa periódicamente si sus intervenciones siguen siendo adecuadas.
- También hay problemas persistentes con respecto al intercambio de datos sobre cuentas.
El enfoque de la UE con respecto a los pagos digitales ha contribuido a que sean más seguros, rápidos y baratos para los usuarios. Sin embargo, el nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) señala dos aspectos clave de las intervenciones en los precios y del intercambio de datos sobre cuentas. El primero, y más importante, es que no existe una disposición que exija a la Comisión revisar periódicamente las intervenciones en los precios de la UE, especialmente con respecto a las tasas de las tarjetas. Además, intercambiar datos sobre cuentas gratuitamente puede desincentivar la prestación de servicios bancarios abiertos en la UE.
En la UE, el valor de los pagos digitales en ventas al por menor se duplicó con creces entre 2017 y 2023 hasta superar 1 billón de euros en 2023. La UE tiene la responsabilidad de garantizar que los pagos digitales se realicen de manera eficiente y eficaz, puesto que son cruciales para el buen funcionamiento del mercado interior de la UE, especialmente a través de las fronteras. En cuanto a las tasas de las tarjetas, por ejemplo, los auditores estiman que los consumidores de la UE pagaron entre 5 000 y 6 000 millones de euros en 2023.
Las intervenciones en los precios en la UE tienen por objeto reducir los efectos adversos de la competencia desleal, o cumplir ciertos objetivos políticos, potencialmente en beneficio del consumidor. Entre estas intervenciones en los precios en virtud del sistema de pagos digitales de la UE cabe citar las siguientes: el límite máximo de las tasas de intercambio para los pagos con tarjeta, la prohibición de recargos por los pagos con tarjeta y por los pagos en la zona única de pagos en euros (SEPA), la prestación gratuita de servicios de banca abierta, y la igualdad de precios para los pagos transfronterizos en euros.
«Constatamos que los actos jurídicos de base sobre pagos digitales no especifican criterios claros para evaluar si las intervenciones están justificadas o cuánto tiempo deben aplicarse. Tampoco existen requisitos para las revisiones periódicas», afirma Ildikó Gáll-Pelcz, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría. «Constatamos que, en algunas de las intervenciones existentes relacionadas con los pagos con tarjeta, la Comisión no pudo demostrar que los efectos positivos para los consumidores fueran claramente superiores a los negativos».
En este contexto, los auditores también señalan que unas intervenciones en los precios mal diseñadas pueden dar lugar a ineficiencias en las operaciones de los proveedores de servicios de pago, a distorsiones la oferta y la demanda, y, en el peor de los casos, a perjuicios para los consumidores y comerciantes.
El impacto de las políticas de la UE en materia de pagos digitales sigue siendo en gran medida desconocido porque la Comisión no ha establecido un sistema de seguimiento eficaz y, lo que es más importante, no tiene acceso a los datos pertinentes. Sin embargo, varias acciones de la UE pueden mejorar la transparencia, la rapidez y los costes de los pagos.
Los auditores también identificaron dos problemas clave del marco bancario abierto de la UE: la obligación de proporcionar a los proveedores terceros acceso gratuito a los datos de los usuarios de pagos, lo que puede desincentivar la prestación de un servicio de alta calidad por los titulares de los datos sobre cuentas, y la ausencia de una norma que regule las interfaces de programación de aplicaciones, lo cual supone un obstáculo para los proveedores terceros que utilizan estos datos. Además, dado que, hasta ahora, la banca abierta ha sido aplicada y supervisada solo en el ámbito nacional, no se dispone de datos consolidados fiables en la materia en el ámbito de la UE.
Por último, la Comisión, pese a sus crecientes esfuerzos por erradicar la discriminación basada en la ubicación de las cuentas de pago, todavía no ha logrado garantizar que los pagos no se denieguen debido a un número de cuenta extranjero Aunque tal discriminación está prohibida por el Reglamento SEPA, de hecho sigue siendo un problema real para consumidores de toda la UE. Las lagunas normativas con respecto al cumplimiento y a la cooperación entre autoridades nacionales afectan negativamente a la eficacia de las medidas para luchar contra este problema, según señalan los auditores.
Información general
La UE cuenta con un marco jurídico avanzado para los pagos digitales, que en los últimos diez años ha sido ampliado y revisado para reflejar la rápida evolución del sector.
En 2022, la Comisión inició una revisión de la aplicación y el impacto de la (segunda Directiva sobre servicios de pago), en la que se introdujeron las primeras disposiciones relativas a la banca abierta.
Teniendo en cuenta las principales conclusiones de la revisión, la Comisión presentó una propuesta legislativa en 2023 para mejorar el marco de los pagos en la UE. Además de una Directiva modificada sobre servicios de pago y servicios de dinero electrónico (tercera Directiva sobre servicios de pago), la Comisión propuso un Reglamento sobre servicios de pago en la UE.
En un contexto de preocupación por la competencia limitada en el mercado de pagos digitales de la UE, la Comisión ha iniciado un estudio de mercado en 2024 para examinar posibles prácticas distorsionadoras del mercado, tales como condiciones comerciales desleales y abuso por parte de los principales agentes de la industria de su posición dominante. Este estudio está en curso.