- La titular de Justicia critica que la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno pone en riesgo la independencia judicial
- La consellera reclama más plazas de jueces y magistrados para atender las necesidades reales que el servicio público de Justicia requiere y garantizar su óptimo funcionamiento
La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha defendido que los principios constitucionales como la igualdad, mérito y capacidad se mantengan como requisitos de acceso a la carrera judicial y fiscal.
La titular de Justicia se ha pronunciado en estos términos tras la apertura de las XXXIII Jornadas de Magistrados Jueces Decanos de España, un encuentro que coincide con la jornada en la que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro a las puertas de los juzgados para mostrar su rechazo a dos proyectos de ley impulsados por el Gobierno.
En concreto este paro, -respaldado por la consellera-, se ha convocado, por un lado, para mostrar la disconformidad respecto al proyecto de Ley Orgánica por la que el Gobierno pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, por considerar que pone en riesgo la independencia judicial, y, por otro lado, para rechazar el proyecto de ley que pretende reformar la Fiscalía con el objetivo de que las investigaciones penales pasen a manos de los fiscales.
La consellera ha señalado que “el Gobierno de Sánchez quiere vender un supuesto fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, pero estas reformas ponen en riesgo la independencia judicial”.
“Estas reformas no sólo rompen con la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, sino que permiten la politización y la intervención por parte del Gobierno, que ya se ha manifestado inclinado a restar, en los procesos penales, la competencia de investigación a los jueces para atribuírsela a los fiscales, cuando éstos se encuentran sometidos a la dependencia jerárquica de un Fiscal General del Estado nombrado a propuesta del Gobierno”, ha matizado la consellera.
“En concreto, -ha afirmado la consellera-, el Gobierno plantea una reforma estructural sin tener en cuenta las aportaciones realizadas por las asociaciones mayoritarias de la jueces y fiscales. Y eso es inadmisible”.
Nuria Martínez ha defendido la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de la judicatura y la fiscalía, “y como venimos reclamando desde hace meses, es necesario que el Ministerio de Justicia, cree más plazas de jueces y magistrados en número suficiente hasta alcanzar las reales necesidades que el servicio público de Justicia requiere para su óptimo funcionamiento”, ha reconocido.