La Junta de Gobierno ha autorizado hoy el nuevo contrato del servicio de lavandería domiciliaria, un recurso municipal preventivo que consiste en apoyar en la tarea de la limpieza de ropa de uso personal y del hogar a personas en circunstancias de vulnerabilidad. Con esta prestación, cuyo presupuesto implica un gasto plurianual de 1,2 millones de euros, no solo se favorece que los usuarios mantengan unos hábitos de higiene adecuados, sino que permanezcan el mayor tiempo posible en sus domicilios en las mejores condiciones y con un seguimiento por parte de los Servicios Sociales que evite un deterioro en su situación social.
En concreto, el servicio se dirige a personas mayores de 65 años que vivan solas, con escasos o nulos apoyos familiares, que carezcan en su vivienda de los medios adecuados para la realización de esta tarea o que presenten limitaciones para desempeñarla. También pueden ser beneficiarias personas menores de 65 años que requieran este recurso por encontrarse en riesgo de exclusión social o en situación de dependencia. En ambos casos, son sus trabajadores sociales de referencia en los 40 centros de Servicios Sociales municipales los que deben tramitar la prestación.
El personal del servicio recoge, lava, seca, plancha y entrega en los domicilios de los usuarios su ropa personal y del hogar. Además, de forma extraordinaria, se realiza el tratamiento de ropa con infestaciones de vectores. Con esta actuación también se descarga de trabajo a los familiares que ejercen como cuidadores de grandes dependientes, que habitualmente se encargan del lavado de la ropa de cama que conviene cambiar de forma habitual.
320 usuarios y 36.000 kilos de ropa lavados en 2024
El nuevo contrato se ejecutará entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2028, con posibilidad de prórroga de dos años adicionales. En 2024, fueron atendidas las necesidades de alrededor de 320 personas de media al mes y se lavaron más de 36.000 kilos de ropa, con un promedio de 13,8 kilos mensuales por usuario.
El perfil mayoritario del servicio es el de un hombre mayor de 80 años que vive solo, tiene dependencia funcional leve o moderada y se encuentra en situación de riesgo social y precariedad socioeconómica. El año pasado, el 20 % de las personas usuarias fueron menores de 65 años que atravesaban un contexto de gran vulnerabilidad, a los que se proporcionó un mayor seguimiento porque este era el único servicio que aceptaban por parte de los Servicios Sociales. /