La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto a algunos de los firmantes del convenio
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha firmado el convenio para la puesta en marcha en la Comunitat Valenciana del ‘Programa María Goyri’, que financiará la incorporación de 707 profesores/as ayudantes doctor en las universidades públicas de la Comunitat.
En concreto, el Gobierno de España financiará la contratación de 426 profesores/as ayudantes doctor y la Generalitat Valenciana 281 plazas más, lo que supone incrementar un 87% las plazas de este tipo de profesorado.
El convenio también será suscrito por el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira; la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Maestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, José Esteban Capilla; la rectora de la Universidad Jaume I, Eva Alcón; el rector en funciones de la Universidad de Alicante, Juan Mora, y el vicerrector de Profesorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José Carlos Espigares.
El ‘Programa María Goyri’ permitirá incorporar más de 5.600 plazas de profesorado ayudante doctor a las universidades públicas españolas
Con la firma de este convenio, ya son 8 las comunidades, incluyendo a Asturias, Castilla-La Mancha, Catalunya, Navarra, Canarias, Aragón y La Rioja, las que se han sumado a la puesta en marcha de este Programa inédito, cuyo objetivo es financiar más de 5.600 plazas de profesores/as ayudantes doctor en las universidades públicas de toda España.
El compromiso del Gobierno con el ‘Programa María Goyri’ supone financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, lo que supondrá un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragarán las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias.
Es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo de manera directa del salario de los profesores e investigadores universitarios, financiando una competencia que esta transferida a las comunidades autónomas.