En el marco de una mayor transparencia y eficiencia en la asignación de recursos, el Gobierno de Javier Milei implementó un reempadronamiento en el Monotributo Social, lo que permitió detectar y dar de baja a 406.000 inscriptos que no cumplían con los requisitos del sistema.
El padrón se redujo de 673.000 a 267.000 beneficiarios luego de este proceso, que puso fin a la asignación indiscriminada de beneficios a personas que no los necesitaban.
Uno de los principales cambios introducidos fue la eliminación del subsidio total a la obra social, exigiendo a los titulares el pago del 50% del aporte tanto para ellos como para sus adherentes. Hasta el momento, este costo era cubierto íntegramente por el Estado, permitiendo que miles de personas accedieran a una cobertura sin realizar ningún tipo de contribución.
La Resolución 630/2024 del Ministerio de Capital Humano estableció que los inscriptos seguirán exentos del pago del importe integrado del monotributo, pero ahora deben hacerse cargo de una parte del costo de la obra social, garantizando que quienes realmente necesiten la cobertura puedan acceder a ella sin abusos.
El informe de la Secretaría de Trabajo no especificó cuántos de los dados de baja eran casos fraudulentos, pero analistas coinciden en que el número revela una grave distorsión en el sistema.
La medida busca corregir la entrega indiscriminada de beneficios y asegurar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando subsidios innecesarios que perjudican el equilibrio fiscal del país.
El Monotributo Social es una herramienta clave para la formalización laboral y el acceso a servicios esenciales, pero en los últimos años había sido utilizado como un mecanismo de asignación de recursos sin los debidos controles.
Con esta reforma, el Gobierno de Milei reafirma su compromiso con la administración responsable de los fondos públicos, garantizando que el Estado deje de ser un instrumento de prebendas y corrupción.