La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado este miércoles en el Parlamento andaluz que el I Plan de Actuación 2024-2026 de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, horizonte 2028, presta una atención preferente a la situación preventiva de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía, a las que se destina más del 60% de su presupuesto, concretamente, más de 14 millones de euros.
Rocío Blanco ha informado en comisión parlamentaria sobre la referida Estrategia que, enmarcada en el Pacto Económico y Social para el Impulso de Andalucía y dotada con más de 48 millones de euros, se articula a través de dos planes, el primero de ellos ya en marcha, con 23 millones de euros, y el segundo, que se ejecutará durante 2027 y 2028.
El I Plan de Actuación 2024-2026 contiene cien medidas y hace especial hincapié en la prevención en las pymes andaluzas, para lo que se articularán varias líneas de subvenciones que fomentarán la inversión en equipamiento e instalaciones con un mayor nivel de seguridad y que mejorarán su estructura preventiva. “Una cantidad nada desdeñable, que prioriza las inversiones relacionadas con los riesgos más serios”, ha añadido la consejera.
En la misma línea, además de los 14 millones para mejorar la situación preventiva en las pymes, el I Plan de Actuación contiene más de 2,6 millones para poner en marcha medidas que permitan reducir los accidentes de trabajo, estableciendo un marco ágil para detectar y actuar sobre aquellas actividades económicas que presenten una evolución desfavorable.
Además, también actuará sobre la prevención de patologías no traumáticas, como infartos o ictus, y presta especial atención a la investigación de accidentes como vía de aprendizaje y mejora, poniendo en marcha acciones como las destinadas a la coordinación con el sistema de Emergencias 112 Andalucía para crear un protocolo de comunicación de la siniestralidad laboral.
De forma coordinada con la Consejería de Salud y Consumo, el I Plan añade unos 170.000 euros en acciones dirigidas a aflorar las enfermedades profesionales ya existentes que no estén declaradas, así como a reforzar la prevención de casos nuevos, al tiempo que 1,1 millones irán a medidas que aborden riesgos emergentes en el ámbito laboral asociados a la transición tecnológica, al cambio climático y a las nuevas formas de prestación de servicios, con especial incidencia en aquellas que fomenten la salud mental.
Para potenciar la cultura preventiva tanto en las empresas como en la sociedad en general, el Plan destina cerca de 2,3 millones para poner en marcha campañas de sensibilización tanto en medios de comunicación como en redes sociales, así como otras iniciativas en el ámbito educativo que irán desde la enseñanza primaria hasta los ciclos de formación profesional.
El documento insiste en la promoción de hábitos saludables y la prevención de los accidentes de tráfico en el ámbito laboral, y promueve la colaboración con las universidades andaluzas a través de los Laboratorios-Observatorios, la convocatoria de incentivos para el desarrollo de la investigación y de proyectos innovadores, así como la identificación y la transferencia de buenas prácticas preventivas entre empresas, para lo que se desarrollará este año el V Encuentro de Cultura Preventiva.
Por otra parte, el I Plan también actuará, con cerca de 600.000 euros, sobre los agentes que intervienen en el sistema de seguridad y salud laboral, revisando los mecanismos de coordinación con los servicios de prevención, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, autoridad sanitaria e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre otros. Y también presta especial atención a la formación, a lo que destina 2,1 millones de euros y donde los Centros de Prevención juegan un papel fundamental.
Rocío Blanco ha recalcado el compromiso expreso del Gobierno andaluz con la cultura preventiva y la salud laboral ya que, como ha lamentado, “cada fallecimiento por causas laborales supone un drama para toda la sociedad”.
La elaboración de esta Estrategia ha contado con una intensa colaboración del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, máximo órgano de participación en materia de seguridad y salud en el trabajo en Andalucía; el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), expertos y entidades especializadas en el sector, así como con el resto de Consejerías de la Junta de Andalucía y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.