Manuel Villoria, primer presidente de la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante

Ramón Machuca/Redacción

El nombramiento, aprobado por el Consejo de ministros y avalado por el Congreso de los Diputados, marca un avance en la implementación de la Ley 2/2023 sobre protección de informantes. La AIPI nace como garante de los derechos de los llamados ‘whistleblowers’, una figura hasta ahora desprotegida en el sistema institucional español.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y referente en materia de transparencia e integridad pública, afronta este nuevo reto consciente de las dificultades que implica poner en marcha un órgano completamente nuevo: “la Autoridad debe ser desarrollada desde cero, porque es completamente nueva. Ahora mismo la prioridad más inmediata es conseguir un presupuesto y unas relaciones de puestos de trabajo que me permitan iniciar el trabajo para el que nació la Autoridad. Una vez que consiga este presupuesto básico, la prioridad es proteger a los informantes y prevenir cualquier represalia contra ellos”, explica Villoria.

Además de estas tareas iniciales, el nuevo presidente ha señalado que habrá que desplegar otras competencias clave del organismo, como “ejercer la capacidad sancionadora para quienes incurran en las faltas que la norma establece, ejercer de canal externo de información y remitir a la fiscalía y al resto de organismos públicos, así como a las empresas privadas, la información para que desarrollen actividades de tramitación y, en su caso, investigación, de las denuncias existentes”. También ha destacado la importancia de impulsar “actividades de formación en la cultura de la información sobre actos ilegales, fraudulentos o corruptos”.

Su nueva responsabilidad le obligará a dejar de lado su faceta docente habitual, aunque no descarta mantener algún vínculo con la universidad, sobre todo en materia investigadora o en la participación en conferencias ocasionales no retribuidas.

Villoria combina una carrera académica, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense y diplomado en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática, con una amplia trayectoria en el activismo por la transparencia institucional. El profesor de la URJC, cofundador de Transparencia Internacional España, ha formado parte de comités de ética del Comité Olímpico Español, el Ayuntamiento de Bilbao o la Agencia Valenciana Antifraude, entre otros.