El consejero de Política Territorial compareció a petición propia en el Parlamento para adelantar a los grupos políticos el borrador del anteproyecto de actualización de la Ley del Suelo, que saldrá a información pública la próxima semana
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, tendió la mano hoy a los grupos de la oposición “para refrendar en el parlamento el amplio consenso técnico alcanzado en la actualización de la Ley del Suelo”, en la que han participado más de 700 especialistas de ayuntamientos, cabildos, comunidad autónoma, órganos ambientales y colegios profesionales a lo largo del último año.
Miranda compareció a petición propia en la Comisión de Política Territorial la cámara autonómica, en una sesión monográfica convocada para entregar a los grupos políticos el primer borrador del anteproyecto de actualización de la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
“Los técnicos han hecho un minucioso trabajo de análisis, estudio y debate para actualizar la ley del suelo, clarificar su alcance y potenciar los principios de simplificación y racionalización que la inspiraron hace ya ocho años, pero no podemos conformarnos con tener un buen texto, necesitamos la participación y el compromiso de todas las fuerzas políticas, si queremos que sea una herramienta útil para responder los nuevos desafíos del reto demográfico, el cambio climático o la crisis habitacional”, aseguró Manuel Miranda.
En su comparecencia, el consejero estuvo acompañado por la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, que fue el encargado de explicar los detalles del nuevo texto. Además, en el turno de comparecencia reservado al gobierno también intervino Miguel Ángel Pérez, consejero delegado Gesplan, la empresa pública que ha coordinado el proceso participativo con los técnicos municipales, insulares y autonómicos.
Los principales cambios introducidos en la actualización de la Ley del Suelo se estructuran en ocho objetivos fundamentales, con el denominador común de la clarificación, simplificación y mejora:
1. Reducción del contenido de los instrumentos de ordenación.
· Apuesta por la Ordenación Estructural Estratégica frente a la pormenorizada: Se reduce el contenido obligatorio de los planes de ordenación, permitiendo un 40% menos de carga documental en los Planes Generales de Ordenación (PGO).
· Se eliminan distinciones innecesarias entre tipos de planes territoriales (Parciales y Especiales), simplificando su aplicación.
· Se simplifica el contenido de los Proyectos de Actuación y Mejora Urbana enfocados a rehabilitar los suelos urbanos asimilándolo a las ordenanzas municipales.
2.- Simplificación de trámites urbanísticos
· Se reducen los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, eliminando la fase inicial de “Avance” en los Planes Generales de Ordenación (PGO), haciendo el proceso más rápido.
· Se disminuyen los tiempos de exposición pública, apostando por el mínimo establecido en la Legislación Estatal Básica, pasando de una media de unos 210 días a 160 días en la suma de todas las fases.
· Se simplifican procedimientos de otros instrumentos como proyectos de interés autonómico e insular, programas de mejora urbana y ordenanzas municipales e insulares.
3.- Mayor protección del territorio
· Se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, pasando de 6 a 9 meses para intervenir en infracciones.
· Se endurecen las sanciones por daños ambientales:
o Las multas leves pasan de 60 € a 300 €.
o Las muy graves pueden llegar hasta 600.000 €.
· Se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves, como los causados por minería o contaminación marina, con intervención directa del Gobierno de Canarias.
· Se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, ampliándola de los 4 años actuales a 8 años.
4.- Mejora de la gestión urbanística
· Se aclaran normas sobre división de terrenos para evitar confusiones en su aplicación. Separación entre segregaciones (suelo rústico) y parcelaciones (suelo urbano y urbanizable).
· Se permite que la administración acuerde con propietarios la financiación de obras urbanísticas, pudiendo conveniar los gastos de urbanización a cambio de aprovechamiento urbanístico.
· Se establece la “recepción tácita” de las obras de urbanización en casos donde ya exista suministro de servicios públicos (como recogida de basura o agua potable).
· Se redactan de manera más clara las normas que definen los usos ordinarios del para suelo rústico, facilitando su gestión y aplicación.
5. Renovación y modernización urbana
· Se simplifican los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales.
· Se introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias.
· Mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. Se reducen las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, facilitando la inversión privada en mejoras urbanísticas.
6. Fomento de la vivienda pública
· Se aumenta el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública:
o En suelos urbanizables, pasa del 30% al 40%.
o En suelos urbanos consolidados, pasa del 10% al 20%.
· Se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%, fortaleciendo el patrimonio público para construir viviendas protegidas.
· Se aclaran las condiciones mínimas para definir los solares, garantizando el acceso a infraestructuras básicas.
· Se clarifican los criterios para modificar el uso del suelo urbanizable, manteniendo la misma filosofía de ordenación, pero permitiendo más flexibilidad, sin consumir más suelo.
7. Apoyo a municipios ante el reto demográfico
· Se establecen normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en municipios con menos de 10.000 habitantes.
· Se eliminan criterios estrictos sobre crecimiento poblacional para evitar el despoblamiento rural.
· Se permite la centralización de servicios básicos para varios asentamientos rurales cercanos.
· Se incentiva el uso de energías renovables y sistemas de depuración autónomos en edificaciones rurales.
· Se declara el apoyo al desarrollo de estos municipios como interés general, lo que facilita la obtención de ayudas y subvenciones.
8. Refuerzo al sector primario (agricultura y ganadería)
· Se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.
· Se aclaran los usos permitidos en suelo rústico, diferenciando entre actividades principales y complementarias.
· Se autoriza el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales, bajo regulación específica.
· Se refuerza el principio de «autorizado todo lo que no es té expresamente prohibido», dando más seguridad jurídica y mayor flexibilidad para el sector primario.