• La Comunidad de Madrid ha abandonado la conferencia sectorial sin escuchar las cifras que afectan a su territorio ni detallar sus esfuerzos para implementar la ley

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de 47 millones de euros para la Comunidad de Madrid en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia.

Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de 2,4 millones de euros por parte de la región, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.

Así se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado para presentar hoy en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de la reforma de la Justicia.

Finalmente, el pleno no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de diversos gobiernos autonómicos, entre ellos el madrileño, que no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades autónomas.

No obstante, el ministerio y los consejeros de País Vasco, Catalunya, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos y continuar así trabajando en la mejora del Servicio Público de Justicia.

47 millones de euros de ahorro en 10 años

El estudio realizado por el ministerio detalla que, en la Comunidad de Madrid, el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 47 millones de euros en 10 años. El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, etc), con un coste de 400.000€.

Con la nueva ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 €, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado.

Más de 50 millones invertidos

La inversión que el ministerio ya ha realizado en la Comunidad de Madrid para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia, que asciende también a 50 millones de euros – procedentes en su mayoría de fondos europeos -, una cifra histórica para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo.

Por otra parte, se requiere un esfuerzo por parte de las CCAA con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley. Aunque su creación está prevista desde hace 20 años, su implantación es muy desigual en el territorio. En el caso de Madrid, es del 0%.

La mayor transformación de la Justicia en décadas

Los avances realizados en las 9 líneas de trabajo planificadas para la implementación de los Tribunales de Instancia en todo el territorio donde el ministerio tiene la competencia en materia de justicia permitirán que estén previsiblemente en funcionamiento a partir del 1 de julio, del 1 de octubre y del 31 de diciembre de este año, conforme a los plazos establecidos en la ley.

Una Justicia más ágil y eficiente

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada el pasado mes de enero, prevé una reforma profunda de la organización judicial para hacerla más ágil y flexible y dotarla de mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados.

La norma, que se aplica de forma progresiva durante 2025, transforma los 3.931 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia, cada uno de ellos, asistidos administrativamente por una Oficina Judicial.

Esto permitirá, por ejemplo, una especialización de las plazas judiciales, que se ordenarán por secciones.

La nueva estructura, que arranca el 1 de julio y se completará el próximo 31 de diciembre, facilitará la dotación de más plazas judiciales en los Tribunales de Instancia cuando sea necesario, ya que su creación dejará de estar vinculada a la implantación de un juzgado.