El gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura contra la corrupción y los abusos de poder en América Latina, prohibiendo el ingreso a su territorio de ex mandatarios y funcionarios señalados por prácticas antidemocráticas y desvío de fondos públicos.
Entre los nombres más destacados de la lista figuran la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner y su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, sancionados recientemente por la administración de Donald Trump en el marco de una estrategia para combatir la corrupción en la región.
Kirchner y De Vido se suman a una lista que incluye a figuras como el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro; el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; y el ex líder cubano Raúl Castro, todos acusados de violaciones a los derechos humanos y de mantener regímenes autoritarios en sus países.
También aparecen el ex mandatario paraguayo Horacio Cartes, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, implicados en distintos casos de corrupción y lavado de dinero.
En el caso de Argentina, la prohibición impuesta por Estados Unidos a Cristina Kirchner y De Vido está vinculada a múltiples denuncias de corrupción durante su gestión, entre ellas el caso de los “cuadernos de las coimas”, que reveló un sistema de sobornos millonarios en la adjudicación de obras públicas.
Según Washington, estos funcionarios facilitaron un esquema de desvío de recursos que perjudicó gravemente las instituciones democráticas del país.
La política de sanciones de EE.UU. también afecta a otros países de la región. En Ecuador, los ex mandatarios Rafael Correa y Jorge Glas enfrentan restricciones de ingreso, al igual que jueces y fiscales de Nicaragua acusados de persecución política.
En Guatemala, la medida alcanzó a Fredy Raúl Orellana Letona, juez señalado por autorizar procesos judiciales irregulares, mientras que en El Salvador, José Edgardo Bruno Ventura, ex policía, fue sancionado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Desde Washington han señalado que estas restricciones buscan enviar un mensaje claro sobre el compromiso de Estados Unidos con la democracia y la transparencia en la región.