España enfrenta un desafío importante en el cuidado de su población dependiente. Según datos del INE, nuestra tasa de dependencia superó el 53% en 2024, y más de 290.000 personas permanecen en listas de espera para recibir servicios o prestaciones del sistema de dependencia. Ante esta preocupante situación, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado una sesión titulada ‘El reto de la dependencia’ con el propósito de analizar los progresos alcanzados y los desafíos pendientes en esta materia.

Esta sesión es la primera de un ciclo de seis encuentros organizados conjuntamente por ambas entidades bajo la denominación ‘Encuentros FEDEA-CGE sobre cuestiones estructurales de la economía española’. Dada la buena acogida del primer ciclo (celebrado de enero a junio de 2024), el CGE y Fedea han decidido organizar un segundo ciclo que busca profundizar en los desafíos económicos más inmediatos que afectan a la ciudadanía en su día a día. A través de un enfoque riguroso, se pretende aportar análisis fundamentados sobre cuestiones clave para el buen desempeño de la economía española a medio y largo plazo.

La sesión fue presentada por Valentín Pich, presidente del CGE, y Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. Durante el evento, intervinieron Ignacio Fernández-Huertas, director de la División de Análisis Presupuestario de la AIReF, y Sergi Jiménez-Martín, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, director de la BMiSS de la BSE, investigador senior del CRES e investigador asociado de Fedea.

En la apertura del acto, Valentín Pich señaló que “el sistema de dependencia en España enfrenta importantes retos estructurales. Los copagos suponen una carga financiera difícil de sostener para muchas familias, mientras que la financiación pública, que actualmente alcanza el 0,8% del PIB, podría incrementarse para acercarse al promedio de la OCDE (1,7%). Este aumento contribuiría a aliviar las cargas familiares y generar nuevos empleos en el sector, fortaleciendo la economía y garantizando un modelo de atención más equitativo y sostenible para el futuro”.

Por su parte, Ángel de la Fuente considera que «el sistema de atención a la dependencia es un componente crucial del Estado del Bienestar, especialmente en una sociedad como la nuestra, que está envejeciendo rápidamente. La creación del SAAD fue un avance significativo, pero parece haberse quedado a medio camino. Es necesario darle un impulso adicional, lo que requiere situarlo más alto en la lista de prioridades sociales y políticas. No todo debe centrarse en las pensiones; también debemos garantizar un sistema de atención que responda a las necesidades actuales y futuras de nuestra población.»

A continuación, Ignacio Fernández-Huertas y Sergi Jiménez-Martín han presentado cada uno una breve ponencia. La de Fernández-Huertas ha llevado por título “Dependencia: Perspectivas a largo plazo.” y la de Jiménez-Martín, “Atención a la dependencia en España: Problemas y soluciones”.

En su intervención, Ignacio Fernández-Huertas ha mencionado que «el gasto en cuidados de larga duración será una de las principales presiones sobre las finanzas públicas en los próximos años debido al proceso de envejecimiento que ya enfrenta la sociedad española, el cual se intensificará con la jubilación de la generación del baby boom. Según estimaciones de la AIReF, este gasto podría alcanzar el 1,7% del PIB en 2050, impulsado por una tasa de dependencia proyectada del 51,4% y una población de 50,3 millones de habitantes».

En su intervención inicial, Sergi Jiménez-Martín afirmó: «El SAAD está avanzando de manera significativa gracias a los impulsos presupuestarios recibidos en los últimos años. Desde 2021, el presupuesto destinado a la dependencia ha crecido considerablemente, con un incremento del 19% en 2022 y un 15% en 2023, alcanzando los 7.116,8 millones de euros. A nivel nacional, se ha logrado reducir la lista de espera en 11 puntos porcentuales respecto a 2019, situándola en torno al 9%, por debajo del umbral del 12,7% establecido en 2021. Además, las prestaciones económicas para el cuidado de familiares han ido disminuyendo su peso, representando ahora el 29,3% del total, frente al 51,1% en 2009. Finalmente, el sector de la dependencia es, desde 2021, el que más ha crecido en la economía española».

A continuación, se ha desarrollado un COLOQUIO –que ha estado moderado por Amelia Amelia Pérez Zabaleta, vicepresidenta primera del Consejo General de Economistas. – en el que Ignacio Fernández-Huertas y Sergi Jiménez-Martín han dado respuesta a seis cuestiones clave:

1.- ¿Podrían hacer una valoración general de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia? ¿En qué medida ha cumplido su objetivo de proteger a las personas dependientes desde su entrada en vigor?

Por su parte, Ignacio Fernández-Huerta considera que “La puesta en marcha de la ley de dependencia y el impulso que se le ha dado en los últimos años ha permitido una mejora de la atención. Aunque no se han terminado de cumplir los objetivos del Pan de Choque para la dependencia, sí es mayor la cobertura del sistema, se ha reducido el limbo de dependencia y parece que se sigue avanzando en ello. Por otro lado, en términos de gasto, desde 2003 se ha duplicado en peso PIB el gasto en cuidados de larga duración (del 0,4 al 0,8% de PIB)”.

Para Sergi Jiménez-Martín “El SAAD ha experimentado una evolución muy positiva en los últimos años, impulsada por un incremento en los recursos, lo que ha permitido una notable reducción de las listas de espera y del peso de las prestaciones económicas. La tendencia apunta a disminuir estas prestaciones para cuidadores familiares, fomentando en su lugar el uso de servicios que faciliten la reincorporación de los cuidadores al mercado laboral. Una vez encauzado el problema de acceso a la dependencia, el enfoque del sector debería orientarse hacia mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la fuerza laboral, priorizando la estabilidad, la formación y una justa compensación para los trabajadores del sector”.

2.- La dificultad en la atención a la dependencia se ha convertido en uno de los principales desafíos para la sociedad española. ¿Es una situación comparable a la que viven países de nuestro entorno (Francia, Italia, Alemania) o presenta España características particulares que agravan este problema?

Para Ignacio Fernández-Huerta “El gasto en cuidados de larga duración en España, según el informe de envejecimiento de la Comisión Europea, sigue estando casi un punto por debajo de la media europea (1,7%) a pesar de los incrementos de los últimos ejercicios. Esta cifra está muy alejada del peso cercano al 4% registrado en países como Noruega u Holanda, e incluso del 3% de Suecia o Dinamarca. Por otra parte, España cuenta también con un importante desafío vinculado a la descentralización de esta política, que afecta a la financiación, gestión e implementación del sistema de atención a la dependencia. Esto supone la existencia de situaciones heterogéneas en distintas comunidades autónomas”.

Sergi Jiménez-Martín ha respondido “La atención a las personas mayores dependientes es una tarea delicada, donde suelen destacar especialmente las situaciones de desatención. En España, en el año 2022, el 13,6% de la población de 65 años o más recibía ayudas para la dependencia, lo que representa un incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año 2021 y un porcentaje significativamente superior al promedio de la OCDE. En comparación, la cobertura de ayudas es mayor en países como Suiza y Alemania, con un 24,2% y un 20,5% respectivamente, así como en los países de Europa del Norte, donde oscila entre un 13% y un 16%. Por otro lado, es menor que en España en los países del centro y sur de Europa, particularmente en Francia e Italia”.

3.- La falta de financiación suficiente y los largos tiempos de espera para acceder a las prestaciones de dependencia afectan directamente a la calidad de vida de los cuidadores y sus familias. ¿De qué manera influyen estos obstáculos en las decisiones personales y profesionales de los ciudadanos, especialmente en aquellos que se ven obligados a reducir su actividad laboral para atender a un familiar dependiente?

Para Ignacio Fernández-Huerta, “La AIReF no ha tenido la oportunidad de evaluar en profundidad la política de dependencia, como sí ha hecho en el caso de otras políticas públicas como el IMV, educación o sanidad entre otras. Por lo tanto, no disponemos de información adecuada para valorar el impacto real sobre la sociedad en su conjunto y las personas directamente afectadas de estos tiempos de espera que se constatan en las estadísticas oficiales”.

Sergi Jiménez-Martín, respondió “Es cierto que el grueso de la ayuda a la dependencia recae fundamentalmente en los familiares. Sin embargo, la tendencia desde prácticamente la introducción del SAAD en 2007 es a la reducción de las prestaciones familiares y el aumento de las prestaciones de servicios, facilitando la reducción de la carga familiar, fundamentalmente de las mujeres. Aún así queda mucho camino que recorrer cara a posibilitar un cambio de paradigma”.

4.- Según datos de 2023, más de 290.000 personas seguían en lista de espera y se estimaba que cada 15 minutos fallecía alguien aguardando su prestación. ¿Podrían aportar datos más recientes y explicar si las medidas tomadas en los últimos años han logrado reducir este número y agilizar el acceso a los servicios de dependencia?

Ignacio Fernández-Huerta, respondió “Según los últimos datos publicados por el IMSERSO a 31 de diciembre de 2024 y respecto al mismo periodo de 2023, se han incrementado un 5,1% las solicitudes, un 4,4% las resoluciones de grado con derecho a prestación, y un 7,5% las resoluciones de PIA (Programa Individual de Atención). Junto a ello, el número de personas con derecho a prestación y sin resolución de PIA ha descendido un 23,8%. Una evolución similar se registró en 2023 respecto a 2022 (aumentaron un 4% las solicitudes, un 5,1% las resoluciones con derecho a prestación, un 7,5% las resoluciones de PIA; y descendieron un 12,5% las personas con derecho sin resolución de PIA). En definitiva, parece que en este sentido hay un avance positivo en los últimos dos años. Por otro lado, el tiempo medio de tramitación de un expediente desde la solicitud hasta la resolución de prestación no mejora sustancialmente (aunque la situación varía por CCAA): aunque se redujo de 2022 a 2023, pasando de 344 a 324 días, en 2024 se sitúa en 334 días”.

Para Sergi Jiménez-Martín “El presupuesto destinado a la dependencia ha aumentado considerablemente desde 2021. En 2022 se incrementó en un 19%, y en 2023 el presupuesto creció un 15%, alcanzando los 7.116,8 millones de euros. Tras la puesta en marcha del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD en abril de 2021, a nivel nacional la lista de espera se ha reducido en 11 puntos porcentuales en comparación con 2019. Actualmente, el porcentaje de personas que esperan recibir prestaciones se sitúa en torno al 9%, por debajo del umbral estipulado en dicho acuerdo (12,7%)”.

5.- Tradicionalmente, en España se ha delegado mucho el cuidado de los mayores en el entorno familiar, pero la evolución de las estructuras familiares y laborales está cambiando esta realidad. ¿Cuáles son las principales causas del aumento en la demanda de servicios de dependencia y hasta qué punto se está dando respuesta a dicha demanda?

Para Ignacio Fernández-Huerta, “El principal factor del incremento de la demanda de servicios de la dependencia es el proceso de envejecimiento al que se enfrenta la sociedad española. Este proceso es consecuencia de la llegada a edad de jubilación de los denominados babyboomers (nacidos entre 1957 y 1977), junto con la creciente longevidad de la población y el descenso de la fecundidad de las cuatro últimas décadas, compensado parcialmente por los flujos migratorios. Esto supone un incremento a futuro de la población con más probabilidad de necesitar los servicios de dependencia, unida al hecho de que también supondrán una mayor proporción de la población total. La AIReF estima que la población mayor de 66 años estaría cerca de los 15 millones de personas en 2050 y supondría el 29% de la población total”.

Sergi Jiménez-Martín ha respondido que “La principal fuente de demanda proviene del envejecimiento poblacional, dado que la proporción de personas mayores de 80 años continúa en aumento. El establecimiento de una prestación universal para la atención a la dependencia contribuye significativamente a este objetivo. Sin embargo, el sistema es relativamente nuevo y, por tanto, susceptible de mejoras, ya que debe adaptarse a realidades muy diversas”.

6.- ¿Qué propuestas concretas consideran necesarias para mejorar la atención a la dependencia en España y asegurar que tanto los profesionales como las familias tengan los recursos suficientes para ofrecer un cuidado digno y sostenible?

Según Ignacio Fernández-Huerta, “En un contexto en el que los recursos son limitados y las necesidades crecientes, ser eficaz y eficiente en el gasto público es una exigencia incuestionable. Por ello, la AIReF ha propuesto evaluar el gasto en dependencia en el marco del Spending Review. Esto permitiría detectar áreas y actuaciones de mejora y afrontar con mayores garantías los retos actuales y futuros que se plantean en este ámbito. Asimismo, sería conveniente encuadrar las presiones de incremento del gasto en dependencia y de otras políticas públicas en el marco de una estrategia fiscal a medio plazo realista y creíble que garantizase la sostenibilidad de las finanzas públicas del conjunto de las AAPP”.

Según Sergi Jiménez-Martín, “Estas son algunas de las medidas que considero necesarias:

• Agilizar los trámites y procedimientos para acceder a las prestaciones.
• Reducir o eliminar la incertidumbre financiera que enfrentan las regiones, diversificando las fuentes de financiación. Esto podría lograrse combinando financiación pública nacional, a través de impuestos y contribuciones (idealmente mediante un sistema de aseguramiento público), con financiación regional mediante la asignación finalista de impuestos sobre sucesiones o transmisiones patrimoniales, y complementándola con financiación privada, promoviendo el aseguramiento individual privado.
• Avanzar hacia un modelo de atención residencial más personalizado, fomentando la convivencia de mayores activos en pequeñas comunidades.
• Profesionalizar la fuerza laboral, mejorando sus condiciones laborales en términos de estabilidad contractual, formación y salarios, tanto en la atención domiciliaria como en la residencial.
• Mejorar la coordinación efectiva entre la atención sanitaria y la atención a la dependencia, evitando que una cubra problemas propios de la otra”.

Finalmente, Valentín Pich y Ángel de la Fuente han cerrado el coloquio, resumiendo en su intervención final las principales conclusiones. El sistema de atención a la dependencia en España enfrenta desafíos significativos derivados del envejecimiento de la población y la presión que esto genera sobre su sostenibilidad y eficacia. Aunque se han registrado avances, como el incremento del presupuesto y la reducción parcial de las listas de espera, persisten problemas relacionados con los tiempos de tramitación, desigualdades territoriales y la insuficiencia de financiación en comparación con la media europea. Para abordar estos retos, se requiere una estrategia fiscal integral, mejoras en la calidad del capital humano y la optimización del gasto público mediante revisiones periódicas. Además, agilizar los procedimientos, diversificar las fuentes de financiación y fortalecer la coordinación entre atención sanitaria y dependencia son pasos clave para garantizar un sistema eficiente y equitativo que responda a las demandas futuras.