La participación en la votación de las enmiendas ha sido del 87,6 %
Los miembros del Claustro de la Universidad de Sevilla han validado 16 enmiendas de las 32 enmiendas que se sometían a votación al obtener cada una de ellas un mínimo de 127 votos, ya que actualmente el Claustro lo componen 252 miembros.
Estas enmiendas aprobadas se introducirán en el texto del nuevo proyecto de Estatuto, que será sometido a votación en una nueva sesión de Claustro prevista para el próximo 4 de diciembre, con voto anticipado los días 29 de noviembre y 2 y 3 de diciembre.
Concretamente, las enmiendas validadas han sido las cuatro transaccionales a artículos relativos a la elección del rector y duración de su mandato; elección de decanos y/o directores de centro; composición del Consejo de Departamento; e impulso a la Ciencia Abierta, a la Ciencia Ciudadana y a la divulgación científica.
Otras de las enmiendas que serán incorporadas al texto del proyecto del Estatuto de la US versan sobre la composición del Claustro; competencias del Consejo de Gobierno; actividades docentes; investigación; educación artística; y formación del personal docente e investigador, entre otros aspectos.
La participación en este proceso electoral ha sido alta, concretamente un 87,6 % al haber votado 221 claustrales de los 258 convocados a las urnas.
La Universidad de Sevilla ha celebrado este lunes 25 de noviembre la jornada de votación presencial para validar o rechazar las enmiendas presentadas al nuevo proyecto de Estatuto; si bien también han podido ejercer el voto de manera anticipada desde el pasado jueves 21 de noviembre.
La votación llega tras una sesión del Claustro celebrada los días 18 y 19 de noviembre en la que se han presentado y debatido las enmiendas al nuevo proyecto de Estatuto. Los acuerdos alcanzados en esta sesión han permitido reducir a 32 las 61 enmiendas previstas inicialmente.
El proceso de elaboración del nuevo Estatuto de la Universidad de Sevilla se enmarca en el cumplimiento de la previsión de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establecía un plazo de dos años desde su entrada en vigor para que todas las Universidades públicas españolas aprueben unos nuevos Estatutos adaptados a sus determinaciones; plazo que se amplió posteriormente a tres años.