Los alcaldes, reunidos en la Intermunicipal popular, alertan sobre el “preocupante” aumento de la ocupación ilegal, que llega ya a las 78.800 viviendas en España, lo que equivale a que ciudades como Ciudad Real, Soria o Palencia estuvieran completamente ocupadas: “Necesitamos una solución urgente a este drama”
Exigen en bloque al Gobierno de Sánchez que desbloquee la Ley antiocupación, aprobada por mayoría en el Senado, ya que el ritmo de denuncias crece de forma alarmante, más de un 41% entre 2018 y 2022
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, critica a Pedro Sánchez por permitir que el tiempo medio para tramitar un desahucio y recuperar la posesión haya pasado de 11 a 21 meses desde que él gobierna: “Ahora tiene más derechos el okupa que el propietario”
Los ayuntamientos pondrán en marcha un servicio de atención y acompañamiento a las víctimas de la ocupación para prestar asesoría jurídica, la creación de un registro de viviendas ocupadas y la conexión con policías locales
Se comprometen a movilizar suelo destinado a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como demanial, con destino a sistemas de promoción de vivienda en alquiler asequible
Solicitan suelo y viviendas que pertenezcan a la administración general del Estado, empresas públicas y organismos dependientes, como SAREB, INVIED, GIESE, SEPES, SEGIPSA, ADIF o Renfe para destinarlo a vivienda social y vivienda asequible
Abogan por impulsar fórmulas de colaboración público-privada para que los ayuntamientos cedan suelo a operadores privados para que sean éstos quienes promuevan la edificación de inmuebles que luego se destinen a alquiler asequible durante una concesión entre 50 y 75 años
Consideran “inaplazable” la reforma de la Ley del suelo y apoyan la alternativa que presentará el PP que modifica cuatro normativas existentes: la propia Ley del suelo, la Ley de vivienda, la ley reguladora del procedimiento contencioso administrativo y la Ley del contrato de concesiones de obra pública
La propuesta del Partido Popular para mejorar el acceso a una vivienda asequible pasa por favorecer las condiciones para dinamizar los mercados de vivienda en propiedad, vivienda en alquiler, rehabilitación y suelo urbanizado