El pasado año 2024, 753 personas trabajadoras se vieron afectadas en Castilla-La Mancha por despidos colectivos. 399, hombres, y 354 mujeres. Cifra que se amplía hasta los 2.148 si además de los despidos colectivos tenemos en cuenta las suspensiones de contrato y reducciones de jornada.
Estas cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social revelan un aumento de más de 50 % de las personas afectadas por despidos colectivos en la región. Y es que en 2023 fueron 349 personas trabajadoras las afectadas, 290 hombres, y 59 mujeres. Por lo que destaca de manera muy llamativa el aumento de las mujeres.
Por provincias la más afectada es Albacete, con un total de 272 personas despedidas de manera colectiva, seguida de Toledo, 254, Ciudad Real 151, Guadalajara 61, y por último Cuenca registró 15 personas afectadas por despidos colectivos.
Desde UGT CLM, su secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales, Isabel Carrascosa, ha mostrado su preocupación por estos datos, y ha subrayado la necesidad de trabajar para que se reduzcan al máximo los despidos, y para abordar cómo se tramitan y resuelven estos despidos colectivos.
“La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores en la región está vigilante para que los despedidos colectivos que se realicen se hagan de forma legal, garantizando los derechos respaldados por el Estatuto de los Trabajadores y los distintos convenios sectoriales que regulan sus relaciones colectivas de trabajo.
Hay que establecer unas causas claras para que las empresas puedan despedir por razones objetivas. Y esas causas, ya sean económicas, técnicas, organizativas…etc deben demostrarse con transparencia”.
Carrascosa también ha incidido en que la nulidad del despido colectivo puede derivarse de múltiples causas, como la ausencia de un período de consultas real, la falta de entrega de documentación imprescindible, la negociación de mala fe, o incluso situaciones de fraude.
Respecto a otro asunto que preocupa y mucho al sindicato, como es el despido improcedente. Carrascosa recuerda que España sigue incumpliendo la Carta Social Europea en materia de despido.
“Hay que garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a una protección adecuada en caso de despido y dar una compensación establecida por la normativa, fija y predecible, que sea suficiente para cubrir los daños sufridos por los trabajadores/as despedidos, y que tenga un efecto disuasorio para los empleadores”.
