Hoy 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión 2025. Su objetivo no es solo visibilizar esta enfermedad, de creciente prevalencia en la denominada “sociedad del cansancio”, entre otras cosas por la cultura de la maximización del rendimiento económico y su exceso de positividad (el actuar humano no conocería el límite, todo es posible si se realiza el esfuerzo debido, sin resignaciones ni rendiciones, hoy hay lugar para el fracaso -negatividad-), y eliminar el estigma que tradicionalmente la ha acompañado, sino también, y sobre todo, a promover la salud mental, para que sea valorada al mismo nivel que la física. Una equiparación efectiva, no solo teórica, de la que dependería poder disfrutar de esa protección integral del bienestar ínsita en el clásico concepto de salud como equilibrio físico, psíquico y social.
El problema de salud pública no es menor, pues constituye la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y contribuye cada vez más a un incremento significativo de la carga global de morbilidad, estimándose que en 2030 será la primera causa generativa de discapacidades (la padecería un 4% de la población mundial, un 20% más que en la década pasada), con la consiguiente pérdida económica que lleva aparejada también (en términos de pérdida de capacidades productivas y de incremento de gastos para los sistemas sanitarios -y farmacéuticos-), si no se actúa preventivamente. Una priorización de las estrategias y políticas de prevención que deberán tener una dimensión integral, afectando al conjunto de las causas precursoras (carácter multicausal o multifactorial).
En este sentido, la conexión entre el tratamiento preventivo de la depresión y las políticas de protección y promoción de la salud en los entornos de trabajo adquiere una creciente relevancia en las Estrategias Nacionales de Salud Mental. Y ello en tanto que el trabajo es un entorno relevante para el desarrollo de factores precursores del riesgo de caer en esta enfermedad (por lo tanto de protección frente al mismo si se corrigen) como por las especiales consecuencias que para el trabajo (y las empresas) tiene la depresión.
En efecto, existe un amplio consenso en que las consecuencias son muy negativas, tanto en las personas trabajadoras como en las organizaciones, así como en la economía (ej. es una de las principales causas de pérdida de productividad, absentismo laboral, más accidentes de trabajo, etc. –se calcula que supone más del 1% del PIB de un país-) y la sociedad en general (ej. costes asistenciales, costes para el sistema de pensiones, etc.), si no se diagnostican de forma precoz y no se trata de la forma más efectiva, atendiendo a las dimensiones sociales, no solo biomédicas y psicológicas. Esta visión global y la estrecha conexión con el mundo del trabajo está reflejada de forma razonablemente adecuada en la Estrategia Española de Salud Mental 2022-2026, como ya se ha indicado más de una vez en estas páginas del LARPSICO. Sin embargo, el Plan de Acción 2022-2024, que acaba de finalizar su vigencia, no recogió ninguna medida en esta dirección, dejándola para el siguiente Plan de Acción, el 2025-2027.
Pues bien, este último, anunciado en diversas ocasiones a lo largo del año pasado, sigue pendiente de su publicación y puesta en marcha. Una de las líneas transversales que se tiende a resaltar de lo que será este nuevo Plan, que deberá marcar una inflexión para este año que comienza en las políticas de salud, pública y laboral, en la materia, reside en el desplazamiento del énfasis actual en el enfoque biomédico y de tratamiento psicofarmacológico, por otro de naturaleza más social y económica. En este sentido, pese a que lo socioeconómico suele estar bien en el origen bien en el agravamiento bien, incluso o en la cronificación, de muchas patologías psíquicas, la tendencia habría sido su psicologización y, sobre todo, su reconducción hacia la psicofarmacología. España -no es casual- sigue siendo uno de los países de mayor consumo de antidepresivos en el mundo, según los datos de la OCDE (habría crecido más del 250% desde el inicio de este siglo). La media europea se sitúa en 70,3 dosis diarias diagnosticadas por cada mil habitantes, mientras que en España se sitúa en casi 100 (98, 4).
Sin embargo, la clase social y el nivel de seguridad económica (que dependen muy especialmente de la renta derivada del trabajo) incide de forma notable en este consumo. Así, el uso de antidepresivos es aproximadamente 4 veces mayor según la clase social, siendo también muy superior en las mujeres (22% de las mayores de 40 años) que en los hombres (9% en los hombres de más de 40 años). No parece, pues, que para abordar adecuadamente este problema de salud pública pueda disociarse de los problemas de salud laboral y prevención de factores de riesgo psicosocial (ej. inseguridad económica y ocupacional) en el trabajo. Por supuesto, el desempleo también es un factor depresivo.
De ahí que la solución no esté, a menudo, tanto, o no solo, en aumentar las consultas de psicología y psiquiatría, sino también, y sobre todo, en la mejora de las condiciones de trabajo, de modo que los factores de riesgo psicosocial laborales deriven en factores de protección antidepresiva.
De ahí que el Plan de Acción 2025-2027 prevea incluir una acción dirigida a crear un método, marco o protocolo común para la detección y reconocimiento de los factores psíquicos derivados del trabajo que más precursores de la depresión resulten, siempre dentro de su visión multifactorial. Con ello se trataría de llevar a la práctica algunas de las conclusiones del Informe del Grupo de personas expertas en Salud Mental y Precariedad Laboral, en virtud del cual la precariedad estaría en la base de 170.000 casos de depresión. Debe recordarse que el Informe aboga por integrar los diversos componentes de la salud laboral en el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, dentro de este enfoque social e integral de abordaje de los problemas de salud mental y su relación con entornos de trabajo psicosocialmente nocivos, preverá un Plan específico, con financiación propia, para la prevención del riesgo de suicidio, contemplando la dimensión sociolaboral. El año pasado, 3.952 personas se suicidaron en nuestro país, prácticamente 11 personas al día (220 intentos se suicidios diarios pues, dado que la OMS entiende que por cada persona que se suicida hay al menos 20 personas que lo intentan). Representa un 6,5% menos que el año anterior (4.116) y el segundo descenso en cinco años (el año 2023 supuso un descenso del 2,6% respecto del año 2022 -4226 suicidios-, habiendo crecido desde el año 2018 -3539 suicidios-). A pesar de eso, sigue siendo la principal causa de muerte externa en España y, en consecuencia, un grave problema de salud pública.
Aunque se han adoptado algunas medidas dirigidas a avanzar en esta senda de su prevención, lo cierto es que España sigue aún sin ese anunciado plan nacional para la prevención del suicidio, algo ya desarrollado, desde hace tiempo, en otros países europeos (ej. Dinamarca, Suiza, Noruega, Alemania, Austria o Escocia, entre otros). Para este otro problema específico de salud mental con dimensión pública hallaríamos, al menos, dos déficits. De un lado, la citada más general ausencia de una faceta social (los determinantes sociales y las condiciones económico-laborales tienden a pasar al segundo plano respecto del psiquiátrico y farmacológico –estado subjetivo de sufrimiento y desesperanza-). De otro, encontramos con que el sistema informativo español de este tipo de conductas no incorpora la profesión de la persona que se suicida (o que lo intenta -también aquí hay un sesgo de género notable, pues 7 de cada 10 personas que se suicidan son hombres, aunque la mayoría de quienes lo intentan son mujeres-), algo que no sucede en otros países de la UE. Al respecto, conviene tener en cuenta que el índice de incidencia (I.I.) del riesgo de suicidio difiere notablemente según profesiones (ej. sanitarias, policía y guardia civil, banca, abogacía, etc.).
Qué duda cabe de que la mejora del sistema de información y, en general, la publicación definitiva del Plan de Acción 2025-2027 será una buena noticia para avanzar en la promoción de la salud mental en el trabajo. Confiemos en que no se dilate más y pronto pueda ser realidad un sistema de fomento e incentivo de los protocolos de gestión del riesgo de suicidio en el trabajo en particular, ya previstos en la Estrategia de Salud Mental, así como, en general, una mejor interacción entre las políticas públicas de salud laboral y las de seguridad y salud en el trabajo.