La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la Conferencia Sectorial de Energía.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presidido la Conferencia Sectorial de Energía, donde ha compartido con los consejeros autonómicos los principales avances de los últimos meses y ha destacado el gran cambio que se ha producido en España en los últimos años, que se refleja en las peticiones de acceso a la red: «El salto es sustancial; donde había una demanda vegetativa, y sobre todo para generación, ahora la principal demanda es de la industria, de los puertos, de los ferrocarriles, del tejido industrial y productivo, lo que constata el gran atractivo del país».
La vicepresidenta ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ya perfila la próxima Planificación de electricidad 2025-2030 y ha desglosado que las peticiones de acceso a demanda representan el 41% de las solicitudes, seguidas por la generación (40%) y el almacenamiento (19%). Ha añadido que se mantiene el interés por la generación: las peticiones de fotovoltaica son cinco veces más de las necesarias para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), las de eólica dos veces y las de almacenamiento nueve veces; y también que el interés de la inversión industrial se deriva del gran desarrollo de las renovables.
Aagesen ha subrayado que no es posible integrar todas las peticiones en los próximos cuatro años y ha agradecido a las comunidades autónomas el esfuerzo para priorizar proyectos, emplazándolas a mantener reuniones trilaterales con Red Eléctrica y el MITECO para afinar el diseño de la Planificación, siempre con el foco puesto en las demandas industriales, la descarbonización y la competitividad del país. Ha especificado que se revisarán los límites de inversión anual con relación al PIB en las redes eléctricas, pero manteniendo un enfoque equilibrado para contener los costes trasladados a los consumidores.
PRTR: más de 5.000 millones transferidos a las comunidades
Durante el encuentro se ha repasado la evolución de la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), especialmente en las siete líneas territorializadas, dotadas con más de 5.000 millones de euros: autoconsumo, almacenamiento y térmicas para el sector residencial; renovables térmicas en diferentes sectores de la economía; MOVES II y MOVES III; PREE y PREE 5000; y Plan Islas. Aquí se ha incidido en la necesidad de aumentar la información disponible para evaluar adecuadamente los avances y las necesidades con vistas a las fechas límite de ejecución establecidas por la Comisión Europea.
Uno de los puntos concretos de la ejecución del PRTR ha sido el de la movilidad eléctrica y los planes de fomento, como el Moves III, que han recibido más de 2.000 millones en los últimos años. Durante la reunión se puso en valor que ya hay más de 40.000 puntos de recarga públicos y se pidió un esfuerzo para supervisar la aplicación, en el ámbito de las competencias autonómicas, de medidas como la obligación de grandes gasolineras y aparcamientos de disponer de puntos de recarga públicos, así como facilitar la tramitación del despliegue de puntos de recarga.
Aflorar la pobreza energética
Asimismo, durante la Conferencia se han conocido los trabajos en materia de lucha contra la pobreza energética y la vicepresidenta ha solicitado máxima colaboración con relación a la elaboración la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, actualmente en fase consulta pública previa.
Aunque el número de beneficiarios del bono social se ha venido incrementando, pasando de un millón de hogares en 2018 a 1,6 millones en la actualidad, uno de los principales objetivos de esta nueva Estrategia es «que nadie sin derecho al bono social se quede sin él», en palabras de Aagesen.
En este sentido, se ha destacado la gran disparidad de consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social identificados en los distintos territorios y la necesidad de que aflore el colectivo más necesitado de atención por parte de las distintas administraciones y los servicios sociales para reducir la pobreza energética.
También se ha resaltado la importancia de implicar a las administraciones autonómicas y locales para que se aplique el marco de protección establecido por la normativa energética a todos sus beneficiarios potenciales.
20.000 millones en residuos radioactivos
A petición de cinco comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial se ha debatido sobre la posibilidad de modificar el calendario de cierre de las centrales nucleares. La vicepresidenta Aagesen ha insistido en que el calendario fue acordado por las empresas y plasmado en un Protocolo firmado en 2019 y que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado su modificación.
También ha recordado que dicho calendario prolonga la vida útil de diseño de las centrales, fijado en 40 años, hasta una media 45,8 años, y que el cierre ordenado y progresivo es la base del PNIEC, base del desarrollo renovable que está propiciando la afluencia de inversión industrial. «El Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro, que avalan los estudios que recoge el PNIEC, y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales».
Con relación a la fiscalidad de las centrales, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno no ha modificado la imposición a las centrales.
Respecto al coste de gestión de los residuos radiactivos, un coste operativo de las centrales, Aagesen ha explicado: «Cuando llegamos al Gobierno estaba en vigor un Plan de gestión de los residuos de 2006, totalmente desfasado, y ha habido que elaborar un nuevo plan, el séptimo, aprobado a finales de 2023. Este plan calcula los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones, que deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga'», ha explicado, antes de preguntarse «¿Los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?».
Finalmente, la vicepresidenta ha ofrecido la máxima colaboración del MITECO, ha emplazado a las comunidades autónomas a aportar más contenidos a las próximas conferencias sectoriales y ha confiado en poder reunirse con cada uno de sus representantes para tratar asuntos concretos de cada territorio.