La biometría consiste en la identificación precisa de las personas a través de sus rasgos físicos, como huellas dactilares, retina, iris o características faciales, o de aspectos conductuales, como la firma o la manera de caminar. Estas características son exclusivas y distintivas de cada individuo, lo que permite su uso en la verificación de identidad. Dada su dificultad para ser falsificadas o replicadas, las características biométricas han adquirido un papel fundamental en los sistemas de seguridad y control de acceso. Actualmente, se emplean en soluciones como la autorización de entrada a edificios, el desbloqueo de dispositivos electrónicos, la validación de identidad en trámites administrativos y los sistemas de autenticación bancaria.
Imagen de una de las mesas redondas, conducida por Miren Sarasíbar Iriarte, profesora titular de Derecho Administrativo de la UPNA (1.ª por la dcha.).
Sin embargo, el uso de la biometría plantea desafíos importantes relacionados con la privacidad y la protección de datos, ya que implica la recopilación y almacenamiento de información altamente sensible. Por esta razón, es crucial gestionar estos datos con sumo cuidado para asegurar el respeto a los derechos individuales y prevenir posibles abusos o vulneraciones de la privacidad. Esta preocupación ha impulsado un amplio debate sobre su regulación y aplicación ética, lo que la convierte en un tema de interés para el ámbito jurídico y tecnológico.
Organizadores de las jornadas
El congreso ha sido organizado por el grupo de investigación Administración Pública de la UPNA en el marco del proyecto Biometría, Derecho Administrativo y Datos-BIODATA, financiado por la Agencia Estatal de Investigación, el Ministerio de Ciencia e Innovación y los fondos FEDER “Una manera de hacer Europa”. Además, han colaborado la empresa Veridas y el Gobierno de Navarra.
Las jornadas, celebradas en el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), fueron inauguradas ayer por José Luis Piñar Mañas, catedrático de la Universidad CEU-San Pablo y exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, quien proporcionó un marco general sobre la regulación de la inteligencia artificial en un contexto de evolución tecnológica.
El marco normativo de los sistemas biométricos, tanto en el ámbito europeo como en el internacional, fue otro de los puntos clave del congreso. Especialistas como Pablo García Mexía, letrado de las Cortes Generales y consultor-director de Derecho Digital en Herbert Smith Freehills, y Martín Razquin Lizarraga, catedrático de la UPNA, analizaron las complejidades del reglamento europeo de inteligencia artificial. Por su parte, Marco Calabrò, profesor de la Universidad de la Campania Luigi Vanvitelli (Italia), y Maitena Poelemans, investigadora de la Universidad de Pau y los Países del Adour (Francia), aportaron una visión comparada entre la normativa de sus respectivos países y la española.
El congreso también abordó la protección de los derechos de la ciudadanía ante el desarrollo de la tecnología biométrica de la mano de Susana de la Sierra, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha; Julián Valero Torrijos, catedrático de la Universidad de Murcia, y José F. Alenza García, catedrático de la UPNA.
Además, Julián Fierrez Aguilar, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y Mikel Sánchez Yoldi, director de Ingeniería de Ventas de Veridas, presentaron las técnicas biométricas y sus aplicaciones.
La seguridad de la información biométrica
Otra temática relevante fue la protección de datos de carácter personal. Leire Arbona Puértolas, directora de Legal y Cumplimiento en Veridas, junto con dos docentes de la UPNA, Miren Sarasíbar Iriarte (profesora titular) y Aritz Romeo Ruiz (profesor contratado doctor), ofrecieron un análisis detallado de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información biométrica.
El encuentro concluyó con un análisis sobre el uso de la biometría por las administraciones públicas. Participaron Isabel Gallego Córcoles, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha; Dolors Canals Ametller, profesora de la Universidad de Girona; Rubén Martínez Gutiérrez, profesor de la Universidad de Alicante; y Francisco Javier Vázquez Matilla, abogado. Debatieron las oportunidades que estas tecnologías ofrecen para mejorar la eficiencia administrativa y la contratación pública de estos sistemas. También analizaron los riesgos asociados a la protección de los derechos de la ciudadanía.
La reflexión ética sobre el futuro de la inteligencia artificial y los derechos fundamentales centró la ponencia de clausura, impartida por Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, catedrático emérito de la Universidad Carlos III y exministro de Justicia.