La Universidad de La Laguna participa en un convenio con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias con el objetivo de comprender mejor cómo afecta el maltrato durante las primeras etapas de la vida al desarrollo de niños y niñas. Este proyecto está liderado por el profesor Iván Galtier Hernández, del Departamento de Psicología Clínica, Psicobiología y Metodología, y se plantea como una colaboración entre el ámbito de la investigación en neuropsicología y neurodesarrollo y el sistema público para la protección de estos menores.
Este proyecto se enfoca en el estudio de niños y niñas que han sufrido diferentes tipos de maltrato y han sido tutelados por el Gobierno de Canarias, analizando los efectos de estas experiencias en dos niveles. El objetivo es comprender más profundamente su situación para poder brindarles una atención más adecuada y efectiva.
En primer lugar, se lleva a cabo una extensa y detallada evaluación neuropsicológica, mediante tests que realizan los menores a lo largo de varios días para analizar distintas capacidades, como atención, memoria, razonamiento o funciones lingüísticas. Hay que señalar que la neuropsicología estudia las funciones psicológicas superiores: funciones cognitivas, comportamentales y emocionales, y cómo éstas se relacionan con el funcionamiento cerebral. Por esto, la segunda fase del estudio consiste en un protocolo de resonancia magnética, para medir cambios en el tejido cerebral de los niños y niñas.
Galtier matiza que con esto no se pretende identificar ningún tipo de alteración, sino analizar en qué medida determinadas áreas del cerebro se han podido desarrollar de manera diferente, asociadas a un historial de maltrato. El convenio hace posible un estudio que es novedoso porque, si bien existe cierta literatura científica respecto a cómo el maltrato puede influir en el desarrollo cerebral, la información acerca de cómo se traducen estos cambios en la evolución del sistema nervioso, la conducta y el comportamiento cotidiano, es escasa.
El investigador de la ULL señala especialmente la importancia de vincular ambos aspectos: por un lado, analizando si los estudios de neuroimagen confirman la literatura anterior, y, por otro, ampliando este conocimiento mediante su integración con las evaluaciones neuropsicológicas. Así, el estudio subraya la conveniencia de comprender cada caso de forma individualizada, estableciendo un contacto cercano con las familias y manteniéndolas informadas a lo largo del proceso.
Otro aspecto relevante para esta investigación es partir de una correcta definición de las situaciones de maltrato, o experiencias adversas en la infancia, que han atravesado los menores. Los especialistas inciden en que esto abarca distintas formas de desprotección, desde la violencia hasta la negligencia a diversos niveles, como puede ser la falta de adecuada estimulación emocional o cognitiva.
En este sentido, el convenio era un primer paso para acceder a la información de la que dispone la administración y también para el acercamiento a las familias que han adoptado a estos niños y niñas. Desde el planteamiento del proyecto, se estableció el criterio de que los participantes en este grupo experimental fueran menores ya adoptados.
Para Iván Galtier, era fundamental que los niños y niñas objeto del estudio contaran con unas condiciones de seguridad y estabilidad que les garantizaran un entorno seguro durante el proceso. Es importante tener en cuenta que, aunque todos los participantes han pasado por el sistema de protección de menores tras ser declarados en situación de desamparo y haber estado expuestos a experiencias negativas en la infancia, las condiciones vividas pueden variar significativamente entre ellos.
El proyecto se concibe inicialmente para cuatro años (2022-26), si bien la intención es poder prorrogarlo para posibilitar así una investigación longitudinal a largo plazo, basada en seguimientos periódicos de los participantes. El objetivo es convertirlo en un estudio evolutivo que permita medir diversas variables en los participantes desde su infancia hasta su transición a la adultez, con el fin de “comprender mejor su desarrollo no desde una perspectiva puntual, sino evolutiva”, apunta Galtier.
El equipo a cargo del proyecto valora la alta implicación de las familias en el grupo experimental, al que se han sumado ya sesenta niños y niñas, además de otros cuarenta que colaboran como grupo de control. Tanto las familias adoptivas como las instituciones muestran un claro interés por entender mejor las posibles consecuencias del maltrato en el desarrollo de estos menores y por saber cómo ofrecerles un apoyo más específico y eficaz. Además de aportar información relevante para mejorar la atención a corto plazo, se espera que el proyecto contribuya al avance del conocimiento en este ámbito, generando evidencia que pueda traducirse en mejoras en las políticas y actuaciones administrativas a medio y largo plazo.
Garnier destaca la labor de la Oficina de Transferencia del Conocimiento como puente entre la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias en la tramitación del convenio. También resalta la colaboración con el Servicio de Adopciones, por su alta implicación en todas las fases del proyecto.
El investigador enfatiza el intercambio constante con la comisión de seguimiento del proyecto y señala que, tras más de dos años de trabajo, ya se han presentado los primeros resultados parciales de los estudios realizados. Además, se ha implementado un sistema de devolución personalizada de información a las familias participantes, lo que les permite beneficiarse directamente de las evaluaciones realizadas por los expertos de la Universidad de La Laguna de forma temprana y útil.