La Presidenta de Navarra, María Chivite Navascués, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Navarra para incrementar los recursos que favorezcan el acceso a la vivienda. Así, ha informado al Parlamento de que el próximo 18 de junio la vicepresidenta Alfaro mantendrá una reunión bilateral con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras el compromiso anunciado en la Conferencia de Presidentes: Navarra va a aumentar los fondos invertidos en vivienda pública en los próximos ejercicios.
El Gobierno de Navarra, ha explicado Chivite, “destinará más presupuesto en los próximos ejercicios en línea con ese esfuerzo que debemos hacer todas las administraciones”. Este es el principal eje que desarrolla el acuerdo estatal propuesto por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes. En los otros dos, el Ejecutivo foral ya lleva trayecto recorrido: el blindaje de la calificación de la vivienda pública y la puesta en marcha de un observatorio que recopile datos rigurosos sobre el sector de la vivienda.
Tan solo 5 comunidades autónomas aceptaron desarrollar la propuesta de un acuerdo de país por la vivienda, entre ellas Navarra; en ese contexto es en el que se va a mantener la reunión entre la ministra Rodríguez y la vicepresidenta de Vivienda, Juventud y Política Migratoria, Begoña Alfaro.
Dado que Navarra no entra en el reparto ordinarios de fondos del Gobierno de España por su especial régimen fiscal, el Ejecutivo foral está a expensas de conocer la propuesta del Estado para concretar la participación de la Comunidad Foral.
La vivienda asequible, prioridad del Gobierno
“Somos conscientes de que la vivienda asequible debe ser una prioridad por el impacto social que tiene, por eso nuestro mensaje es de realizar un mayor esfuerzo económico”; ha remarcado la Presidenta en su comparecencia.
La Presidenta Chivite ha recordado a los grupos políticos que conforman la cámara las iniciativas puestas en marchas por el Gobierno de Navarra en materia de vivienda y, especialmente en régimen de alquiler. En concreto, la entrada en vigor en julio de la limitación de precios de alquiler en los 21 municipios que han sido declarados como zonas de mercado tensionado, la consideración de nuevos conceptos de acceso como el alquiler social, el alquiler asequible, la potenciación de la bolsa pública de alquiler, un servicio de mediación entre personas arrendadoras y arrendatarias para dar seguridad jurídica a las partes. Se mantienen las “importantes ayudas al alquiler para jóvenes y para familias más vulnerables”. En este punto, cabe recordar que 11.000 de las 25.000 viviendas en alquiler tienen algún tipo de protección pública.
Junto a estas iniciativas, el Gobierno de Navarra trabaja en un mecanismo para la venta de viviendas en cesión de uso o el desarrollo de viviendas colaborativas. También ha avanzado la próxima puesta en marcha de un plan de vivienda rural, la creación de un registro de grandes tenedores y medidas para poner en el mercado de viviendas vacías. En este sentido, Chivite ha anunciado la configuración de un equipo de compras para la adquisición de viviendas que se incorporen al parque público, así como la creación de una empresa mixta con capital público y privado para construir nuevas promociones.
Chivite también se ha referido a lo ya reclamado al Gobierno central en la Conferencia de Presidentes, “más recursos para afrontar todos los retos y conocer qué suelos tiene el Estado en Navarra que nos permitan alcanzar acuerdos para hacer viviendas”. También se ha referido a la necesidad de articular un encaje del Centro Nacional de Industrialización y Robótica Aplicada a la Construcción y la Arquitectura, el BAI, en el PERTE recientemente anunciado.
La Presidenta ha explicado la necesidad de activar distintas herramientas que, en un trabajo transversal, logren que “la vivienda sea asequible y no haya una brecha social relacionada con el acceso
“La vivienda, ha dicho, debe ser asequible para no convertirse en una trampa que acabe expulsando a las personas de sus entornos por no poder pagarlas. Hablamos mucho y legislamos para evitar la deslocalización empresarial. Con más razón deberíamos hacerlo para evitar la deslocalización de las personas”, ha reflexionado en su intervención.