La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado un Pacto de Estado y un mayor empuje de los poderes públicos y de la ciudadanía para lograr hacer realidad las reformas necesarias en materia de dependencia. Lo ha hecho en el marco del diálogo que ha celebrado junto a la agencia de noticias Servimedia, bajo el título ‘Claves de la futura reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia’. 

El encuentro, retransmitido en directo desde el estudio de Servimedia, ha contado con la participación de Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP; Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); y Victoria Zunzunegui, epidemióloga y experta en envejecimiento.

Durante el debate, Jesús Norberto Fernández ha manifestado que la Plataforma que preside “ve satisfechas muchas de sus aspiraciones en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD), en tanto que supone una nueva concepción de derechos que nos aproxima al entorno europeo, bajo un enfoque de inclusión social y de estrategias centradas en la persona, introduciendo una constelación de servicios de apoyo en el domicilio para poder continuar envejeciendo en casa”. “Si bien persisten incertidumbres en cuanto a los tiempos de tramitación, la desigualdad territorial y la sostenibilidad financiera”, ha añadido.

Por su parte, Pérez Bueno ha señalado que “en cuanto al modelo de ley, se espera que esta reforma pueda dar más de sí”. Sin embargo, apuntó igualmente que “la financiación aún está por resolver y, en cuanto a la gobernanza, es crucial apelar a los poderes públicos estatales y territoriales para su mejora”. Ha enfatizado, además, la necesidad de una mejora de la gobernanza en los tres niveles de gestión entre administraciones, así como ha aludido al servicio de asistencia personal, como inclusivo y fundamental para las personas con discapacidad y cuyo desarrollo aún sigue hoy pendiente en algunos territorios de nuestro país, apelando a su regulación laboral.

En cuanto a Victoria Zunzunegui, ha puesto principalmente el foco en la situación de los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), destacando la necesidad de “asegurar una mejora en sus condiciones de trabajo”, además de una formación adecuada para este sector profesional. Igualmente, ha puesto en valor esta reforma por su orientación comunitaria y la “ruptura de la disyuntiva de domicilio o residencia para las personas mayores y con discapacidad, además de los nuevos productos y servicios flexibles que ésta prevé”. Asimismo, ha apuntado la importancia de su implantación en contextos urbanos y, especialmente, rurales.

Por otro lado, Zunzunegui ha señalado, como aspectos de mejora a la norma, la “concreción en la evaluación de las prestaciones para mejorar su calidad y eficacia, así como la reducción de cargas administrativas en el proceso de entrada al sistema”. También ha incidido en la necesaria coordinación sociosanitaria y la importancia de destinar recursos que aseguren la participación ciudadana en las CCAA, para que esta transformación y cambio de modelo pueda ser eficiente en su implantación.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha explicado que “el principal objetivo del anteproyecto de ley es adaptar el sistema de dependencia al nuevo modelo de cuidados, que ya está presente en muchos países europeos y que responde a un mandato ciudadano surgido a raíz de la pandemia”. Además, ha reconocido que el SAAD nació infrafinanciado, estando lejos de la media de los países de la OCDE”. También ha subrayado la necesidad de “actuar en dos frentes: la mejora de la financiación y la mejora de la normativa, insistiendo en que el momento para avanzar en estos cambios es ahora”, ya que debe empezar a afrontarse el gran reto que implica el envejecimiento demográfico.

Al mismo tiempo, Martínez ha instado colocar esta reforma con la suficiente fuerza en el centro del debate público, además de enfatizar la necesidad del impulso y presión ciudadana que redunde en la mejora del sistema de cuidados y un mayor compromiso por parte de todas las administraciones involucradas, de tal manera que «el respaldo social se traduzca en respaldo político».

En tal sentido, ha querido dejar claro que los desafíos del envejecimiento y el cambio de modelo de cuidados de larga duración “constituye un reto de país, el cual conlleva necesariamente un amplio consenso a nivel institucional, político y social”. Asimismo, ha anunciado que, a nivel de Gobierno, la expectativa es que la norma llegue al Congreso de los Diputados durante el próximo otoño.

En el mismo sentido, Fernández ha apuntado que “desde la PMP echamos de menos un debate más amplio sobre lo que supone el envejecimiento de la población y sobre la necesidad de invertir en lo social”. Ha insistido en importancia vital de “renovar la idea de un Pacto de Estado en torno a la dependencia, ya que la política social y la económica son inseparables en un modelo europeo de bienestar social”, insistiendo en que está demostrado que “la inversión en lo social siempre es económicamente rentable”.

Asimismo, el presidente de la PMP ha señalado que «es el momento para concentrarnos en los procesos de actuación que se vienen llevando a cabo de cara a la gestión del sistema, de realizar un análisis de la efectividad de los recursos, en cuanto a su optimización, interoperabilidad, mejora y de cara a la simplificación de procedimientos que posibiliten recortar plazos de tramitación y mejorar la resolución de los expedientes de dependencia, acercándose a la ley de procedimiento administrativo común. Igualmente, debemos buscar el equilibrio entre las prestaciones de servicios y las económicas».

En definitiva, entre las conclusiones del diálogo, la PMP ha destacado que, a pesar de los positivos avances que supone la futura reforma de la LAPAD en cuanto a su contenido y modelo, es urgente un gran pacto de los poderes públicos, a nivel estatal y territorial, que necesita también del impulso de la ciudadanía en general para que España cuente por fin con un cuarto pilar del bienestar suficientemente firme.