Las instituciones académicas valoran de forma positiva la nueva Ley de la Ciencia, pero lamentan su escasa ambición al situarnos lejos de la convergencia con Europa en cuanto a inversión en I+D+i.
Esta mañana se ha celebrado el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades, en el que se ha emitido informe favorable del anteproyecto de Ley para el avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), que ha contado con el apoyo de la rectora y los rectores andaluces, condicionado a la inclusión de algunas alegaciones presentadas desde AUPA.Â
Las cifras actuales señalan a las universidades públicas como las principales responsables de la actividad investigadora. El 64% de la inversión en I+D+i andaluza corresponde al sector público (43,2% las universidades; 20,8% la Administración Pública;), y el 36% restante al sector privado. Además, prácticamente la mitad de las personas que desarrollan tareas de investigación en Andalucía lo hacen en las universidades.
Es precisamente en el capítulo financiero donde el articulado de la ley choca con la cruda realidad de la ciencia y la tecnología españolas y andaluzas. Si bien la inversión media en I+D en Europa se sitúa en el 2,27% PIB en la actualidad, con una tendencia sostenida hacia el 3%, esta nueva norma solo marca como objetivo que la financiación pública llegue al 1,25% del PIB para el año 2030. Aun cuando la mayoría de la inversión en I+D+i andaluza recae en el sector público.
Esta escasa ambición para impulsar un modelo económico andaluz de alto valor añadido contrasta con el buen rendimiento experimentado por las universidades, que han aumentado su producción científica considerablemente en los últimos años. Andalucía ha pasado de generar el 17% de la producción científica estatal en 2006, al 18,6% en 2021. Y todo ello acompañado de una mejora en la calidad de las publicaciones. Números que respaldan el eficiente uso que hacen las universidades andaluzas de la financiación pública que reciben.