La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha comprobado que se están cumpliendo las órdenes de suspensión en más de 300 parcelas o edificaciones ilegales construidas sobre suelos rústico en Cádiz. Los operativos desplegados por la inspección urbanística, conocidos como reprecintos, se han llevado a cabo en la provincia de Cádiz, en concreto, en Arcos de la Frontera, San Roque y La Línea.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que este despliegue forma parte del refuerzo de la inspección realizado desde la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), donde «hemos puesto el foco en prevenir las parcelaciones y las construcciones sin licencia en suelo rústico». Además, ha advertido de las sanciones y posibles responsabilidades penales que conlleva la rotura de los precintos y las ordenes de suspensión de toda construcción y uso.
El último operativo de reprecintos se ha producido esta semana en Villa Clemente, en La Línea de la Concepción (Cádiz). La inspección urbanística de la Junta, acompañado por la Guardia Civil, la Policía Nacional adscrita y la Policía Local, ha comprobado que no se han llevado cabo nuevos actos ni edificaciones en el interior de los lotes precintados, y ha ejecutado las medidas provisionales ordenadas sobre las obras interiores de los lotes. La Consejería de Fomento actuó hace justo un año, en junio de 2024, para paralizar esta macrourbanización de seis hectáreas, con el precinto de más de un centenar de parcelas construidas sobre suelo rústico con la colaboración de la Guardia Civil en el seguimiento de las medidas.
También se volvieron a precintar recientemente 97 lotes o parcelas ilegales en Arcos de la Frontera, dando así continuidad al trabajo de inspección que se inició con varias intervenciones en 2021 y 2022. Además, a finales del pasado mes de abril también se comprobó el estado de los precintos efectuados sobre una superficie de cinco hectáreas de suelo rústico en San Roque, donde se detectaron 89 lotes. La actuación para el restablecimiento de la legalidad iniciada en 2022 ha frenado y revertido el proceso parcelatorio de San Roque, con la retirada de construcciones prefabricadas en 13 lotes.
La Consejería de Fomento recuerda que, mientras las obras estén precintadas, sus propietarios pueden proceder a la demolición o retirada voluntaria, previo aviso y conformidad de la inspección. Estas medidas de restauración voluntarias pueden traer consigo una reducción de las sanciones económicas hasta en un 50%. Sin embargo, el incumplimiento de las órdenes de suspensión o la rotura del precinto tiene graves consecuencias, ya que supone una infracción urbanística muy grave, con posibles sanciones de 30.000 a 120.000 euros o multas coercitivas, por periodos mínimos de diez días, por cuantías de 600 a 5.000 euros. Todo ello, sin perjuicio de una posible responsabilidad penal, ya que puede constituir un delito de desobediencia.
Estas intervenciones se han llevado a cabo en el marco del Plan General de Inspección de la Junta de Andalucía 2023-2026 y al amparo del marco normativo generado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA) y su reglamento, que ha supuesto un refuerzo de la inspección autonómica, que actualmente puede ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Esta modificación permite actuar a la Junta de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio. Entre 2022 y 2024, se han precintado 1.239 parcelas y edificaciones ilegales, dato que contrasta con el de 2018, año en el que no se realizó ningún precinto.