La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha remitido este lunes al Consejo Consultivo el proyecto de los nuevos estatutos de la Universidad de Sevilla (US), después de que la institución académica contestara la pasada semana al informe con las conclusiones alcanzadas por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, órgano encargado de velar por el cumplimiento y el control de la legalidad. Los estatutos de la US deben renovarse obligatoriamente para adaptarse a las exigencias introducidas por el Gobierno central en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en vigor desde 2023.
Se trata del penúltimo paso en el procedimiento administrativo necesario para la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, de los estatutos de la US, unos trámites que comenzaron el pasado mes de diciembre con la remisión al departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos del proyecto de estatutos, ya respaldado previamente por el claustro universitario de la institución académica. Una vez analizado por el Gabinete Jurídico, que lo tramitó por el procedimiento de urgencia para comprobar que los contenidos se ajustaban tanto a la legislación autonómica en materia de universidades como a la LOSU, las conclusiones fueron enviadas a la universidad.
Ahora, tras la contestación de la institución académica al informe del Gabinete Jurídico, la Consejería de Universidad ha pedido informe al Consejo Consultivo, una tramitación, que también en este caso, se llevará a cabo por el procedimiento de urgencia, decisión que implica acortar los plazos a la mitad, por lo que este órgano dispone de 15 días para la valoración de los estatutos. Una vez realizado este análisis, se enviará nuevamente a la Universidad de Sevilla para que haga, si considera, los cambios oportunos. Superado este trámite, el documento será finalmente elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.
Los actuales estatutos de la Universidad de Sevilla datan del año 2003, aunque luego han sufrido varias modificaciones y, tras su respaldo por la Junta, esta será la primera institución académica pública andaluza en dotarse de la norma básica de la institución en el marco de la nueva ordenación. De acuerdo con lo dispuesto por la LOSU, se establece un plazo de tres años para que las universidades aprueben sus nuevos estatutos.