El Consejo de Gobierno ha acordado instar al Gobierno de España a que sufrague mediante el programa ‘María Goyri’ del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades las plazas de profesorado ayudante doctor convocadas y contratadas por las universidades públicas andaluzas desde el inicio del curso 2024/2025 y no desde la firma del convenio para impulsar esta medida, que data de noviembre de 2024. De igual modo, el acuerdo también recoge la petición al Ejecutivo central de que extienda el plazo de incorporación de ese personal hasta finales de este año 2025, dada la fecha tardía en la que se rubricó el acuerdo entre ambas administraciones y los rectores y teniendo en cuenta el amplio periodo que se requiere desde la convocatoria de las plazas hasta la formalización de los contratos. Con ambas reclamaciones, la Consejería de Universidad busca, por un lado, respaldar las reivindicaciones trasladadas por los rectores a la Junta y puestas de manifiesto en la comisión de seguimiento de dicha iniciativa y, por otro, garantizar el pleno cumplimiento del programa ‘María Goyri’ en Andalucía, evitando que el Ministerio deje de invertir los fondos estatales por la imposición de exigencias incumplibles.
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación rubricó, el pasado 20 de noviembre de 2024, junto al Ministerio de Ciencia y los rectores, el convenio que da sustento al programa ‘María Goyri’ de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas. El documento contempla el compromiso del Gobierno central de sufragar 468 plazas de este perfil docente con cargo a fondos estatales por un periodo de seis años, estableciéndose para el año 2024 un montante de 6,52 millones de euros destinado a financiar el coste de esta plantilla en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, cuya transferencia por parte del Ministerio se materializó en la comunidad a finales de diciembre de 2024. Ese importe se traducirá en unos 21 millones de euros anuales a partir de 2025. Para la contratación, se recoge, también por escrito, la obligación de hacerlo en el actual curso académico; es decir, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025.
Sin embargo, el Ministerio de Ciencia ha interpretado, con posterioridad, que el periodo de vigencia debe recortarse en casi tres meses, puesto que el convenio no se formalizó hasta finales de noviembre. Para la Consejería de Universidad esa reducción del plazo va en detrimento del sistema público universitario andaluz, ya que tendrá menos tiempo que otros territorios para la aplicación efectiva del programa, que fue diseñado para atender las necesidades derivadas de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Por eso, la Junta eleva esta petición al Ministerio de Ciencia con el objetivo de que el primer sistema universitario del conjunto nacional no se vea nuevamente perjudicado, teniendo en cuenta que, a pesar de sus dimensiones, Andalucía ya quedó relegada al tercer puesto en la fase de asignación de plazas.
Mayor flexibilización en la firma de los contratos
Por otro lado, desde la Consejería de Universidad también se considera necesario prolongar la fase de incorporación de los 468 ayudantes doctores costeados por el Ministerio desde el 30 de junio de este año hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permitirá a las instituciones públicas andaluzas contar con más margen de tiempo para formalizar los contratos.
La contratación de esta figura, al igual que las del resto comprendidas en el colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI), se suele realizar mediante convocatoria pública, que lleva asociado un procedimiento administrativo que puede prolongarse por varios meses, ya que las universidades han de cumplir plazos oficiales para la presentación de candidaturas, evaluación de la documentación, atención de reclamaciones y resolución de los procesos.
468 profesores ayudantes doctores sufragados por la Junta
Según el acuerdo rubricado, la Universidad de Almería recibió en 2024 una cuantía de 223.105 euros para la contratación de 16 ayudantes doctores, a la Universidad de Cádiz se le ha transferido 418.321 euros para 30 plazas y a la Universidad de Córdoba, 683.258 euros para 49 perfiles.
Por su parte, la Universidad de Granada ha contado con una cantidad de 808.755 euros para 58 ayudantes doctores, la Universidad de Huelva, con 446.210 euros para una plantilla adicional de 32 profesores; y la Universidad de Jaén, con 278.881 euros para 20 plazas de esta categoría. Asimismo, la Universidad de Málaga ha sumado a sus cuentas 1,17 millones de euros para los 84 profesionales asignados, la Universidad Pablo de Olavide, 683.258 euros para 49 ayudantes doctores, y la Universidad de Sevilla, un presupuesto de 1,81 millones de euros para 130.
La Consejería de Universidad también sustentará con inyección autonómica el ‘Programa María Goyri’, aportando más de 13,5 millones anuales para la incorporación de otros 306 profesionales de estas características, por lo que el conjunto global de ayudantes doctores se eleva a 774 para la comunidad. Asimismo, tendrá que hacerse cargo de la estabilización de todo ese profesorado a lo largo de toda la vida laboral. Se trata, por tanto, de una doble responsabilidad que excederá la partida que desembolsa el Gobierno central en sueldos durante sólo seis años.
Esfuerzo de la Junta en la estabilización del profesorado universitario
Al margen del Programa ‘María Goyri’, la Consejería de Universidad ha puesto en marcha diferentes medidas y actuaciones para atender su compromiso de garantizar el relevo generacional y la estabilización del PDI, ya que ambos factores son esenciales para la retención y captación de talento, que representa un problema endémico en el conjunto del país.
Para cumplir con esos objetivos, en el diseño de la futura Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) la Consejería ha establecido como prioridad adelantar la carrera profesional del profesorado en unos diez años a través de nuevas figuras, dos de ellas son de nueva creación y una tercera implica la recuperación de un perfil existente previamente a la LOSU y que fue eliminado por la legislación estatal. Actualmente, la estabilización del profesorado se establece en la horquilla de los 45-50 años, aunque antes de la crisis de 2008, esa edad se fijaba en el entorno de los 35 años. Gracias a estas figuras se pretende volver a ese rango de edad.
Los dos perfiles que se crean son el profesorado ayudante y el profesorado ayudante doctor con vinculación clínica al Sistema Sanitario Público de Andalucía, una figura pionera en el contexto nacional con la que se pretende solucionar la carencia de profesorado médico y de otras ramas sanitarias en los grados de Medicina de la comunidad. A esto se suma la recuperación del contratado doctor, cuyo mantenimiento responde a la necesidad de garantizar la estabilidad del profesorado no funcionario en Andalucía.
Además de con estas figuras de profesorado, el compromiso de estabilización del PDI universitario andaluz también se logrará a través de los programas de ayudas para el fomento de la carrera investigadora, en concreto, en la modalidad de los contratos posdoctorales.
Otras acciones son la limitación de los contratos de profesores sustitutos y la transformación de esos cuerpos en figuras estructurales, con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria. También el texto legal plantea que Andalucía no aplicará a los programas dedicados a la captación y retención del talento la limitación de 120 horas lectivas que impuso la LOSU a la dedicación del profesorado.
Al margen de todo esto, la LUPA también contempla que las universidades impulsen, en colaboración con la Consejería, programas conjuntos que faciliten y fomenten la formación permanente del personal docente e investigador, la adquisición de competencias lingüísticas, la movilidad y las relaciones con el personal docente e investigador de otras comunidades universitarias. De igual modo, deberán procurar incrementar las actividades de intercambio de este personal en actividades académicas en otras universidades o centros de investigación con el fin de incrementar la aportación al sistema de innovación, investigación y transferencia de tecnología.