La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación comenzará a tramitar el anteproyecto de Ley para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación para Andalucía (ACTIVA) en diciembre, tal y como ha anunciado en la presentación de la revista de I+D+i del periódico ABC, donde ha destacado que este futuro marco normativo tiene como objetivos promover la calidad y la excelencia del sistema científico andaluz, fomentar la colaboración público-privada, la simplificación administrativa y favorecer la estabilización de los recursos humanos.
El Consejo de Gobierno tiene previsto autorizar en la primera semana de diciembre el inicio de dicha tramitación, lo que permitirá someter el texto legal a información pública y solicitar los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Consultivo para su visto bueno como proyecto de ley y su traslado posterior al Parlamento de Andalucía, donde su aprobación será sometida a debate.
En su discurso, Gómez Villamandos ha subrayado que el documento supondrá una renovación estructural del actual modelo de I+D+I, que «se encuentra ya obsoleto», teniendo en cuenta que la anterior legislación andaluza data de 2013 y que «el sistema actual tiene unos 30 años, con un origen claro en la puesta en marcha de los grupos de investigación». «En los años ochenta, Andalucía fue pionera en esa configuración y, de hecho, fue copiada posteriormente por el resto de comunidades, pero ahora es necesario evolucionar», ha apostillado.
En ese sentido, ha explicado que la Ley ACTIVA contempla también la concesión de distinciones o sellos de excelencia a unidades, centros e infraestructuras que desarrollen programas de I+D estratégica altamente competitivos y que se encuentren entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas científicas. Se trata de las unidades de Excelencia en Investigación y las de Investigación Competitiva. Otra novedad que se pretende incluir en ese documento es la configuración de las unidades de Investigación Avanzada, que estarán destinadas a fomentar la generación del conocimiento en y entre las universidades. A juicio del consejero, «las unidades de Excelencia serán ejes dinamizadores esenciales del talento» y «podrán contar con la participación de un agente del sistema del conocimiento, con un centro tecnológico o un clúster de innovación o, incluso, deberán tener una relación directa con el sector en el que desarrolle su actividad dicha unidad».
Mayor colaboración público-privada
Con esta interrelación se busca incrementar la cooperación entre el sector público y la actividad privada, otro de los ejes en los que se sustentará el texto normativo andaluz. En el caso de los recursos humanos, ha asegurado que tanto la Ley ACTIVA como la futura Ley de Universidades Para Andalucía (LUPA) también facilitarán que «el profesorado de la universidad y de los centros públicos de investigación se pueda incorporar al sector empresarial, sin que eso suponga una desvinculación de la universidad, algo que hasta ahora ha generado problemas de incompatibilidad».
Para Gómez Villamandos, es necesario estrechar la vinculación de la estructura académica y científica con los agentes intermedios del conocimiento, refiriéndose a los centros tecnológicos o a los clústeres de innovación, dos actores que, a su juicio, «poseen un grandísimo potencial de investigación que permiten que la innovación llegue a las pymes, pieza clave del tejido empresarial andaluz». Asimismo, el consejero de Universidad ha señalado que eso tendrá una consecuencia directa sobre la inversión en I+D+I, que actualmente «tiene a la Administración pública como principal elemento tractor».
Ha recordado que los últimos datos disponibles en este campo fijan una proporción de 64% de esfuerzo inversor para el sector público y 36% para el sector productivo, que ha experimentado un crecimiento mayor que la esfera pública, con un 14% en el año 2022. «Es importante que la inversión pública sirva de palanca para la privada y, en la actualidad, Andalucía cuenta con una coyuntura económica y una confianza institucional para invertir con seguridad, por lo que eso se puede trasladar también al ámbito de la investigación y la innovación», ha matizado.
Desde la Consejería de Universidad se ejerce esa labor incentivadora a través de un paquete de ayudas que sumará más de 100 millones de euros y que estará dirigido a «promover la innovación empresarial y tecnológica a través de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental por parte de empresas, centros tecnológicos o clústeres de innovación», tal y como ha indicado.
Al margen de estos aspectos, Gómez Villamandos ha puntualizado que la Ley ACTIVA continuará reforzando la labor de simplificación administrativa ya iniciada en el Gobierno de Juanma Moreno y que ya supone, en el caso de la esfera investigadora, la reducción de más de un 90% de los documentos y procedimientos administrativos.
90 millones para 21 proyectos de Compra Pública de Innovación
El consejero de Universidad también ha centrado parte de su intervención en la Compra Pública de Innovación (CPI), que constituye una herramienta de fomento de la innovación empresarial, ya que favorece el desarrollo de soluciones novedosas desde el lado de la demanda a través de la contratación pública, dinamiza la actividad productiva y mejora la prestación de servicios públicos. En la actualidad, la Junta de Andalucía tiene en marcha 21 iniciativas que, bajo la coordinación del Comité Director CPI, implican una inversión de más de 90 millones y afectan a diez sectores, entre los que destacan las áreas de la salud, el medio ambiente, la movilidad, la construcción, la agroindustria o la educación.
Al respecto, ha apuntado que la Consejería de Universidad está trabajando en dos direcciones. Por un lado, en la puesta en marcha del programa ‘SpaceInnova Andalucía’, dotado con 20 millones y que tiene como objetivo identificar soluciones innovadoras en el sector del espacio para su aplicación en otros ámbitos de actividad como la lucha contra los incendios, el despliegue de las emergencias o la gestión medioambiental. Por otro lado, en el desarrollo de la línea eCitySevilla, que también dispone de una asignación de 20 millones, con la que se plantea la implementación en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja un modelo de ciudad en ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible. «Estamos analizando la posibilidad de agilizar los procedimientos de tramitación de la CPI, ya que actualmente cuentan con procedimientos largos para realizar las licitaciones», ha incidido.