El Consejo de Gobierno ha aprobado instar a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a iniciar los trámites previos a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Andalucía inicia estos trámites previos a la interposición del recurso de inconstitucionalidad al entender que el Gobierno de España estaría invadiendo con este Real Decreto ley de reparto de menores migrantes no acompañados competencias autonómicas.
En este sentido, el Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados para defender la independencia competencial de Andalucía y la igualdad de trato entre comunidades autónomas, poniendo además especial énfasis en la dignidad de las personas para que estos menores no sean tratados como mercancías.
Andalucía toma esta decisión para garantizar que la atención que se preste a los menores sea de calidad y no en precario. Para el Gobierno andaluz, el reparto no puede ser impuesto y sin financiación adecuada para Andalucía, que, como cabe recordar, deja de percibir al año 1.500 millones de euros por la infrafinanciación del Gobierno de España en base al actual modelo de financiación de las comunidades autónomas.